Acompañado de representantes de tres comunidades mapuche de La Araucanía, el consejero de la Conadi, José Millalen, instó a las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, a investigar la baja ejecución presupuestaria 2020 en la compra de tierras indígenas.
La sesión de la Comisión de Derechos Humanos, analizó el tema de la compra de tierras indígenas con la presencia del consejero de la Corporación Nacional Indígena, Conadi, José Millalen, quien pidió ser escuchado por la instancia, a la que no asistió, por segunda vez, la ministra responsable de dicha temática, Karla Rubilar.
En su intervención, Millalen recordó que el 25 de enero de 2021 el encargado del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la Corporación, Tulio Matamala, informó al Consejo que sólo se habían comprado tierras para tres comunidades, por aproximadamente 5 mil millones de pesos; de un presupuesto total de 76 mil millones destinado al Fondo de Tierras.
El representante agregó que, dicho informe de ejecución presupuestaria aún no se encuentra entregado a los correos de los consejeros indígenas. También pidió conocer lo que se lleva ejecutado en 2021 y añadió que “es una situación preocupante y sería la primera vez que no se ejecuta el presupuesto de tierras”.
Millalen expresó que en las regiones de Biobío y La Araucanía, el porcentaje de vulnerabilidad se eleva cada vez más, sobretodo en la población mapuche cuya condición cultural está asociada a la tierra. Ello sumado a la convulsión que existe en La Araucanía, donde se han postergado las demandas que las comunidades han planteado por la vía legal y, al no tener respuesta,, han optado por la ocupación de los predios.
“Es preocupante que la institucionalidad y las autoridades no den cauce a la aplicación de la ley, en demandas que son legales e históricas”, sostuvo Millalen, que ha planteado el problema al Ministerio de Desarrollo Social sin tener respuesta.
Comunidades Mapuche
Al respecto, tres comunidades mapuche que están buscando recuperar sus tierras ancestrales fueron presentadas por el consejero de CONADI.
En primer lugar, la vocera de la comunidad Gallardo Tranamil Pichun, de Nueva Imperial, Karen Tranamil, indicó que en 2005 iniciaron la tramitación para la compra de tierras, cuya aplicabilidad es por más de 80 hectáreas, sólo en base a título de merced. En 2014 presentaron el predio, pero este se adjudicó a otras comunidades aledañas al aeropuerto.
Recalcó que “han pasado 5 gobiernos y ninguno nos ha devuelto un puñado de tierra” y señaló que, como dice el poeta Elicura Chihualilaf, “la familia crece pero la tierra no estira”.
Karen Trainamil dijo que su comunidad desarrolla huertos, con la producción de hortalizas y legumbres, abasteciendo a comunidades aledañas de Nueva Imperial y Temuco, actividad que se ha visto reducida porque las forestales le han quitado el agua y su terreno se ha visto disminuido debido al hacinamiento de las comunidades.
En segundo lugar fue el turno de la comunidad Juanilla viuda de Millaqueo, de Lautaro. Su werken, Gabriela Coliqueo, explicó que tienen título de merced de 1901, en lo que corresponde hoy al fundo Riego Las Vertientes. Agregó que tienen personalidad jurídica desde 2002 y obtuvieron la aplicabilidad en 2010, pero están cansados de esperar.
“El 23 de febrero de 2021 ingresamos en forma pacífica al fundo y nos mantendremos firmes hasta que la Conadi o entes del Estado solucionen nuestra demanda por uso y goce de nuestras tierras, que están en manos de Forestal Mininco, que ha causado daño ambiental y cultural, debido a la existencia de un cementerio indígena y de un centro ceremonial, religioso y social (Nguillatuwe y Paliwe)”, enfatizó la vocera.
Sobre este caso, el consejero Millalen explicó que existen documentos sobre esta comunidad desde 1996 en Conadi, donde la totalidad del territorio es ocupado por la forestal. Agregó que en 2017 y 2018 se conformó una Mesa Forestal, integrada por la dirección y consejeros de la Conadi y representantes de las forestales, organizadas en Corma (Mininco, Arauco, Cautín, entre otras), donde se acordó avanzar en la compra de predios que fueran de patrimonio forestal, sin embargo, no hay avances.
Finalmente fue el turno de la comunidad Antonio Peñaipil, de Galvarino, que estuvo representada por Margarita Peñaipil, quien señaló que son una comunidad pacífica donde hay 180 familias en 315 hectáreas, que han cumplido todos los requisitos legales y tienen la aplicabilidad desde 2008.
Indicó que dos veces ha existido acuerdo de precios y fecha de compra, pero la Conadi no entrega ninguna respuesta. “Esperamos que las leyes se cumplan y que se nos de alguna explicación, no podemos seguir esperando, no tenemos agua ni tierra”, indicó.
Reacciones parlamentarias
La diputada Carmen Hertz (PC) lamentó la inasistencia de la ministra Rubilar, porque tenían varias preguntas al respecto, y señaló que el Fondo de Tierras y Aguas de Conadi tenía en 2020 un presupuesto de 76 mil 248 millones de pesos, y al 31 de agosto se habían ejecutado sólo 2.271 millones, lo que es el 3,6% del presupuesto asignado. Además, en 2021 se redujo el presupuesto en 14 mil 480 millones, lo que representa el 19% menos.
En tanto, el diputado Mario Venegas (DC) consideró gravísima la “exigua” ejecución del Fondo de Tierras en 2020, pese a la enorme demanda, y lamentó que comunidades que tienen antigüedad en las aplicabilidades y los procesos no puedan acceder a sus tierras. “El Ministerio de Desarrollo Social no ha tenido la voluntad de asistir a la comisión y debemos solicitarle la información”.
Por su parte, Andrés Molina (Evopoli) solicitó que el contralor de la República informe el resultado de la auditoria en Conadi y por qué el gobierno no ha comprado tierras. Además, informó que desde la aplicación de la Ley indígena 610 comunidades han solicitado la aplicabilidad, 210 ya la poseen y 300 están aún pendientes.
Finalmente, la diputada Emilia Nuyado (PS) -que preside la comisión-, consideró que el Estado no está dando cumplimiento a las leyes, se están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, en particular en la reivindicación territorial del pueblo mapuche. “A estas comunidades no se les ha respondido pese a cumplir con todo lo legal”, criticó.
Por otro lado, agregó que es preocupante lo que ocurre en el territorio de la macrozona sur, porque se están vulnerando derechos y se está militarizando la zona. Por ello, insistirán con la invitación para una próxima sesión al ministro del Interior, Rodrigo Delgado; al nuevo encargado de la Macrozona, Pablo Urquízar; a Loreto Silva, asesora presidencial en temas jurídicos; a la ministra Karla Rubilar y al consejero de la Conadi, Marcial Colil, encargado de la mesa forestal.
