Fiscal adjunto de Copiapó, Luis Miranda Flores, indaga un contrato de la Municipalidad de Tierra Amarilla en que se detectó un aumento artificial de precios en la entrega de kits de emergencia y ayuda monetaria por parte de la empresa Tres Montes.
La Fiscalía de Atacama reformalizó la investigación que dirige con motivo de delitos de carácter económicos a partir de la causa denominada “Tres Montes”, surgida luego del aluvión del año 2017 en la comuna de Tierra Amarilla y un contrato adjudicado bajo acciones que, de acuerdo a la indagatoria, resultarían irregulares.
Según lo argumentado por el fiscal a cargo de este caso, Luis Miranda Flores, luego que se decretara zona de catástrofe en la mencionada comuna, el alcalde de la época junto al administrador municipal y la secretaria municipal, intermediaron el proceso de limpieza y sanitización de casas afectadas por el evento climático en la comuna mediante un proyecto fraudulento. En la audiencia el fiscal indicó que los imputados, una vez que dicho proyecto fue adjudicado a la empresa Tres Montes, sin aprobación del Concejo Municipal ni exigencia de boletas de garantía, aumentaron y sobrevaloraron de forma indebida su valor en favor de terceros, generando con ello un grave perjuicio económico a la municipalidad.
De esta manera, el monto por vivienda afectada que en un inicio fue proyectado en $200.000, fue aumentado en cuatro oportunidades quedando finalmente fijado en $920.625 pesos por cada casa dañada. Con ello, el valor del contrato se elevó por sobre los $940 millones de pesos todo lo cual significó un sobreprecio equivalente al 56,13% en cuanto aumentos injustificados según se determinó en un informe pericial contable que realizó personal especializado de la PDI.
Además de ello, la investigación de la Fiscalía determinó que los imputados, una vez que el contrato estuvo en desarrollo, incurrieron en conductas destinadas a impedir el adecuado control y fiscalización de la correcta ejecución del contrato por parte de la Unidad Técnica que era la propia municipalidad. Llegando incluso a cambiar a la persona encargada de inspeccionar la ejecución de las obras, contratando a un funcionario que no contaba con las competencias técnicas para cumplir con esta labor y a quien se le ordenó validar y autorizar estados de pago sin haber realizado ninguna fiscalización, persona que actualmente también está imputado por estos hechos. Esto derivó en que de acuerdo a la investigación realizada del primer estado de pago, de los 109 casos analizados en sólo 20 viviendas se acreditó la recepción de ayuda social quedando 89 casas afectadas sin recibir beneficios por parte del municipio ni la empresa involucrada.
Frente a estos actos el fiscal Luis Miranda reformalizó la causa por los delitos de falsificación ideológica de instrumento público respecto del administrador municipal y el funcionario que validó los trabajos no realizados; además del ilícito de fraude al fisco a la municipalidad de Tierra Amarilla cabiéndole actuación consumada al alcalde en ejercicio el año 2017, administrador municipal, secretaria municipal, tres funcionarios del municipio y del dueño de la empresa involucrada.
