Luego de tres meses y medio de vigencia de la reforma constitucional que autorizó el retiro de fondos de pensiones desde las cuentas de capitalización individual obligatoria, un universo de 10.152.632 afiliados y beneficiarios del sistema han solicitado sus recursos.
Se trata del 92% del total de afiliados del sistema, según los datos recabados por la Superintendencia de Pensiones (SP).
De acuerdo a la información al cierre del 13 de noviembre último, del total de quienes solicitaron retirar fondos, el 96% o 9.721.596 personas ya cuenta con los pagos realizados, dando cumplimiento a los plazos y al proceso establecidos para este efecto.
“En total se han desembolsado US$17.400 millones por concepto de retiro de fondos, con un monto promedio de pago de $1.375.191 por persona”, indicó el regulador.
Del restante 4% de personas que no han recibido sus pagos, equivalente a 431.036 afiliados, afiliados y beneficiarios del sistema, un total de 230.885 pagos se encuentran pendientes por tratarse de casos en que las personas se encuentran con retenciones por deudas de pensión de alimentos, debiendo ser liberados los pagos una vez que la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) o los tribunales de familia notifiquen de las respectivas liquidaciones de deuda a las AFP.
Este grupo de personas, dijo la SP, “representa un 53,6% de los casos con pagos pendientes y el 2,3% del total de personas que han solicitado retirar fondos en el marco de la reforma constitucional”.
Retenciones judiciales
Sobre esta materia y tras las reuniones sostenidas por las autoridades de la SP con la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, además de directivos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la SP envió un oficio a sus fiscalizados con nuevas instrucciones en la materia.
En su oficio el organismo fiscalizador informó a las administradoras que para efectos de dar mayor velocidad al proceso de pagos a los demandantes de pensiones de alimentos, el Poder Judicial dispuso que “las AFP procedan a pagar en forma inmediata al alimentario conforme a la información contenida en el archivo de ‘liquidación y pago’, elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, previa verificación que la AFP haya sido notificada de sólo una medida cautelar para el alimentante a través del archivo ‘de medidas cautelares’ o por cualquier otro medio”.
Lo anterior tiene como objetivo dar estricto cumplimiento a la Ley N° 21.254 y al artículo 76 de la Constitución Política de la República.
En el mismo sentido, la Superintendencia también instruyó que una vez realizado el pago, inmediatamente después “la administradora deberá efectuar una revisión detallada de cada resolución emitida por los tribunales de familia en el marco de este proceso, debiendo dar cumplimiento a las restantes disposiciones contenidas en las mismas, en el más breve plazo”.
“Finalmente, dentro del proceso de retiro autorizado por la Ley N° 21.248, este servicio considera que el pago de pensiones de alimentos constituye un aspecto de alto impacto reputacional y reviste un importante riesgo legal, por lo que (…) le instruye implementar un plan de reforzamiento de equipos humanos y tecnológicos destinados a este proceso, debiendo informar detalladamente a este servicio de las medidas a adoptar a más tardar dentro de los cinco días hábiles”, agregó la instrucción de la Superintendencia.
Casos restantes
De los restantes casos de personas que han solicitado retirar fondos y cuyos pagos se encuentran pendientes, hasta las 17:00 horas del viernes pasado 148.552 personas tenían sus pagos pendientes por cuanto sus solicitudes fueron ingresadas después del 23 de octubre pasado, de manera que el pago se encuentra dentro del plazo establecido en la normativa.
Las restantes 51.599 personas con pagos pendientes corresponden a situaciones particulares que están en revisión por parte de este servicio y las administradoras.
Con todo, los datos reportados también indican que al sistema habían ingresado 11.591.388 solicitudes de retiro de fondos, de las cuales 797.081 o el 6,9% del total no había sido acogida a trámite por la no validación de la información que entregan las personas.
Fuente: BioBioChile
