Sin duda alguna el flagelo sanitario Covid 19 ha trastornado profundamente el quehacer cotidiano de personas e instituciones de un modo inimaginable hace ya siete meses, obligando a implementar diversas formas de desempeño y funcionamiento para así satisfacer la incesante necesidad por bienes y servicios que demanda la vida social.
Es el caso del sistema de justicia penal, ámbito que, a propósito de normalizar su indispensable continuidad funcional, ha debido instaurar variadas formas de actividad de manera de compatibilizar el debido resguardo sanitario de sus operadores con el respeto a derechos y garantías constitucionales de víctimas e imputados, a fin de dar solución, en un lapso razonable al conflicto social causado por la comisión de delitos. En dicho contexto, y en una primera etapa se ha adoptado satisfactoriamente, en general, la realización mediante video conferencia de audiencias preliminares ante los Juzgados de Garantía tales como: audiencias de control de detención y formalización de la investigación, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, distinto es el caso de los Juicios Orales propiamente tales –postergados debido a la pandemia- referidos a delitos más complejos que, por exigir una actividad presencial de jueces e intervinientes exceden las posibilidades que otorga una video conferencia, pues en dicha instancia deben exhibirse, rendirse o impugnarse medios probatorios decisivos para una resolución de condena o absolución.
La Fiscalía Regional de Atacama, desde el inicio de la pandemia ha mostrado total disposición a contribuir activamente a la continuidad del servicio judicial y, en particular, a la reanudación gradual de las audiencias judiciales presenciales o, a lo menos, semipresenciales.
El Ministerio Público tiene la convicción, considerando el interés de quienes quieren acceder al proceso de resolución penal de sus denuncias, que existe una necesidad de desarrollar audiencias de juicio oral, pero también comprende que para ello deben existir las condiciones sanitarias requeridas, tales como uso de mascarillas, láminas transparentes de separación entre operadores e intervinientes y sanitización reiterada de espacios, etc). Protecciones destinadas a que todos quienes intervienen en el desarrollo de un juicio oral, puedan participar en las audiencias e interactuar en ellas, ya sea presencialmente o mediante la modalidad del sistema de video conferencia.
Conforme lo expresado, la voluntad y compromiso de fiscales y funcionarios del Ministerio Público existe, por lo que en la medida que el reinicio de las audiencias se concrete, la Fiscalía retomará ante estrados el rol persecutor de delitos que le asigna la Ley y la Constitución Política de la República.
Por el Fiscal regional Alexis Rogart
