La crisis provocada por el covid-19 no ha dejado a nadie indiferente. De una mañana a otra, el país tuvo que adaptarse a un nuevo modelo de vida, marcado por el distanciamiento social y una fuerte caída económica.
Grandes y pequeños negocios debieron cerrar sus puertas ante el Estado de Catástrofe declarado en el país por el aumento de contagios, algunos tuvieron que hacerlo de forma permanente, dejando a cientos de trabajadores sin un sustento para sus familias.
Ariel es uno de ellos, vive en la comuna de El Tabo y en la mañana del jueves llamó a Radio Bío Bío de Valparaíso para contar que ante una cuantiosa deuda, la Compañía Eléctrica del Litoral lo dejó sin luz.
A inicios de la pandemia, se anunció que se presentaría un proyecto que prohíbe cortes de los servicios básicos mientras dure la pandemia, esto como medida de ayudar a las familias chilenas cuyos recuros han visto impactados por la crisis.
“Yo soy artesano panadero y lo que pasa es que a mi se me juntó una deuda de Litoral de la suma de 634 mil pesos“, señaló el hombre agregando que trató de buscar una solución con la empresa sin obtenerla. Para poder pagar el monto, indicó que vendió sus muebles y logró juntar la mitad.
“Tengo tres niños menores aquí en la casa y vendí mi horno, vendí todo para hacer esto (…) lo que más me duele es que vendí mi fuente de trabajo”, comentó.
¿Qué dice el proyecto?
Tras iniciar el Estado de Catástrofe, el Gobierno levantó un decreto que estuvo durante este último tiempo en conversación en el Congreso, para determinar que las empresas de agua, luz y gas por cañería no puedan cortar el suministro por mora a clientes residenciales, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.
Lo anterior, al menos en el periodo que establece la iniciativa: 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley.
En concreto, los clientes que dejen de pagar sus cuentas de estos tres servicios básicos podrán saldar la deuda en los siguientes 12 meses sin multas ni mora. Eso sí, sólo quienes estén desempleados, sus ingresos hayan disminuido, pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, sean adultos mayores, entre otros.
De esta forma, el corte de suministro básico es factible y el Gobierno sólo hizo un llamado a la voluntad de las empresas a no realizarlo, por lo que técnicamente, no existe una obligación legal.
“Mis deudas partieron antes que la pandemia”, señaló el hombre agregando que tras comunicarse con ellos les informaron que debía contactarlos por vía electrónica. Así, comenzó a enviar correos, pero no ha obtenido una respuesta.
Por esto mismo, indicó que también acudió al municipio en busca de una ayuda, pero tampoco obtuvo resultados favorables. “He golpeado todas las puertas, pero lo único que me quedó hacer fue vender todas mis cosas“, manifestó.
Cadena de solidaridad
Ariel comentó que habitualmente su cuenta de la luz bordaba los 30 mil pesos, pero tras dejar de pagar y con los intereses acumulados, llegó a la suma de 600 mil pesos.
“Vendí mis herramientas de trabajo y tengo que seguir adelante”, manifestó el artesano panadero, añadiendo que “las cosas se dieron así” y que si pudiera, estaría trabajando para poder mantener a su familia.
Hasta este jueves, Ariel indicó que estuvo recibiendo aporte de sus vecinos y que el dinero que tenía juntado para pagar la deuda tras vender sus muebles, no ha querido “tocar ni un peso”.
Tras conocerse su historia a través de Radio Bío Bío de Valparaíso, de manera espontánea, auditores se manifestaron para poder ayudar y solicitaron la cuenta bancaria del hombre.
Este viernes se conoció que en menos de 24 horas se logró recolectar unos dos millones de pesos, con los que pagará su cuenta de la luz y comprará un nuevo horno eléctrico, con el que podrá comenzar a trabajar nuevamente y poder mantener a su familia.
Ante este caso, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló que “hay un deber del Estado” en garantizar el bienestar de los niños y que no se deberían estar realizando colectas para que “esos niños, hijos de este padre, tengan cubiertos sus derechos y necesidades”.
“Eso da una primera demostración como el Estado de Chile ha sido incapaz de entender que es un deber que el asiste y que si las familias no están en condiciones de provisionarlos, tienen que necesariamente brindar la protección suficiente”, recalcó la defensora.
Así, agregó que “valorando todo lo que tiene que ver con la solidaridad que en nuestro país es permanente, hay un deber del Estado incumplido”.
Fuente: BioBioChile
