Luego que el presidente Sebastián Piñera cuestionara la constitucionalidad de proyectos en el Congreso, el Senado respondió a sus dichos, afirmando que lamentan que “busque perseverar y profundizar una disputa” acerca de los procedimientos relacionados a la admisibilidad de iniciativas.
Durante la tarde de este lunes, el mandatario afirmó que “en los últimos tiempos han proliferado muchas mociones de parlamentarios que se están tramitando en el Congreso, que pudiendo estar bien inspiradas, son inconstitucionales porque no respetan las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso Nacional y que los parlamentarios juraron cumplir y hacer cumplir”.
“Algunos han reconocido explícitamente la inconstitucionalidad de sus proyectos, sin embargo, perseveran en ellos en virtud de la bondad de sus objetivos como si el fin justificase los medios”, añadió.
En ese sentido, afirmó que convocará a un grupo de expertos para proponer ajustes a los procedimientos que usa el Congreso para admitir o no los proyectos de ley, y así “evitar que progresen mociones que no respetan la Constitución”.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, y a lo largo de la jornada, se han dejado caer distintas apreciaciones de bancas de partidos políticos y otras autoridades. En tanto, el Senado también respondió.
“La Carta Fundamental consagra un sistema de separación de poderes, con sus respectivos mecanismos de contrapeso, que se caracteriza por un marcado presidencialismo. Esta institucionalidad no ha estado en riesgo en ningún momento como señala el señor Presidente”, sostiene un comunicado emanado desde esa instancia.
“La declaración de admisibilidad de las mociones e indicaciones es una prerrogativa de las y los diputados y senadores, que se ejerce por los presidentes de las respectivas corporaciones o de las comisiones y, en último término por la Sala, encontrándose regulada en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los reglamentos de cada Cámara”, añade.
A su vez, apunta que “en caso de discrepar de estas decisiones, el Ejecutivo dispone de la facultad de requerir al Tribunal Constitucional el control preventivo de proyectos de reforma constitucional, leyes y tratados”.
Junto con ello, cuestionaron la idea de citar a un grupo de expertos, afirmando que “lo principal es el diálogo político, directo y abierto”.
Finalmente, lamentaron que en lugar de buscar un “entendimiento” en la materia, “el señor Presidente de la República busque perseverar y profundizar una disputa sobre los procedimientos referidos a la admisibilidad de mociones parlamentarias”.
