Con más de 530 mil cartas de despido notificadas entre marzo y abril, parlamentarios de oposición han impulsado la idea de prohibir las causales de caso fortuito o fuerza mayor, y necesidades de la empresa.
Una medida similar se implementó en Argentina durante abril, prohibiendo los despidos sin causa justa o por disminución de trabajo, por al menos dos meses más.
En la Comisión de Trabajo en la Cámara, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, sostuvo que el Gobierno debe exigirle mayores requisitos al empresariado para cuidar los empleos.
Durante la discusión del proyecto, en tanto, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, defendió las suspensiones de contrato y señaló que prohibir despidos podría llevar a muchas empresas a la quiebra.
Misma consideración que tuvo el abogado laborista y socio de Moraga y Compañía, Diego Messen, quien señaló que sería contraproducente ir más allá de la suspensión de la causal por fuerza mayor que ya se aplicó en la Ley de Protección al Empleo.
Por otra parte, el también abogado, Cristián Hidalgo, estimó que el argumento es contradictorio, puesto que ambas medidas apuntan a evitar aumentos en el desempleo.
De acuerdo al último balance de la Superintendencia de Pensiones, más de 503 mil solicitudes de suspensión de contrato ya fueron aprobadas, y más de 86 mil empresas se han acogido a la ley.
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