Esto porque el Gobierno decidió retirarlo para hacerle modificaciones, atendiendo a las recomendaciones del órgano contralor, según dicen en el Ejecutivo, y, por lo tanto, esperan reponerlo en los próximos días.
Senadores de la oposición, más temprano, habían impugnado el decreto, acusando inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo, por intentar dar atribuciones que se deben modificar a través de iniciativas legales. Así lo planteó uno de ellos, el senador del PPD, Felipe Harboe, quien valoró que se retirara el mandato.
“Conferirle poder de seguridad y fiscalización a guardias municipales, que carecen de preparación, es un tremendo riesgo”, sostuvo el congresista.
El decreto ya había sido duramente cuestionado por alcaldes, incluso del oficialismo, por considerarlo ilegal, además de sostener que sólo era aplicable para los municipios con mayores recursos.
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