Una serie de alcances realizó el relator especial del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos -organismo dirigido por Michelle Bachelet- al cuerpo legal recién aprobado, en una solicitud de información enviada bajo reserva al Estado chileno, el pasado 23 de enero. En él se asegura que la nueva ley criminaliza las manifestaciones. La Moneda no tardó en responder y a través de un informe, explicó que el derecho a manifestarse lo tiene todo ciudadano, mientras no lo ejerza con violencia. Los documentos los publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
El pasado 23 de enero Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH), envió a Chile una comunicación reservada, en la que manifestó su preocupación por “Ley Antisaqueos”, aprobada el 16 del mismo mes y que pronto será promulgada.
Básicamente, el alto funcionario criticó la modificación del artículo 268 del Código Penal que sanciona a las personas que -careciendo de autorización para manifestarse- interrumpan el libre tránsito de vehículos y personas con métodos violentos (el que baila pasa) y por extensión robos, saqueos y daños.
“Si bien los actos de robo, saqueo o daños son conductas ilegales y punibles, en esta instancia el legislador parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción (…) durante las manifestaciones”, se lee en el documento de 3 páginas al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
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Y agrega: “Que sea autorizada o no (una manifestación), instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado (…) ni tampoco (…) los participantes, ya que no equivale necesariamente a la violencia”.
A juicio del Relator Especial, esta falta de claridad deja un amplio margen de interpretación legal y atentaría en contra de la “expresión legítima del derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación”.
A renglón seguido, Nyaletsossi Voule, asegura que el nuevo cuerpo legal es preocupante “tomando en cuenta el contexto local que ha caracterizado el país desde el octubre pasado (…) por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes (incluyendo niños, niñas y adolescentes)”.
Por lo anterior, solicitó que La Moneda explicara en un informe al ACNUDH, cómo la autoridad pretendía adecuar el marco normativo a los compromisos y estándares internacionales adquiridos por Chile y “garantizar la protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, tanto a nivel administrativo como a nivel operativo”.
Brazos cruzados
La respuesta de La Moneda al órgano dirigido por Michelle Bachelet, no se hizo esperar y a través de la Misión Permanente de Chile en Ginebra, Suiza, entregó un detallado informe, el pasado 27 de enero.
En el documento de 6 páginas, al que también accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el gobierno “considera que no existe una afectación a las libertades de reunión y asociación”.
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Se indicó que durante la tramitación legislativa del proyecto, fueron considerados “cuidadosamente” esos preceptos constitucionales. Para ejemplificar, usó la explicación que entregó el senador Felipe Harboe en el segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.
“En efecto, tal como se señaló por senadores que intervinieron en el estudio del proyecto de ley, el derecho a reunión pacífica no se vería coartado por la tipificación de este delito, ya que, de acuerdo a un ejemplo puesto: “(…) si un grupo de personas se cruza de brazos e interrumpe completamente el tránsito en una calle (…) no queda sancionada por esta disposición”, señala el documento.
En la respuesta La Moneda insiste en que la nueva legislación permite “que las personas manifiesten sus opiniones en la vía pública, perturbando e incluso interrumpiendo el tráfico, siempre que lo hagan de manera pacífica”. Otra cosa, se lee en el documento, es que lo hagan usando “barreras, estorbos, barricadas u obstáculos en general, ya que este tipo de elementos ponen en grave peligro la vida y la integridad física de quienes circulan en vehículos”.
De una u otra manera, la respuesta entregada por el gobierno a la ACNUDH, se relaciona con la acusación constitucional en contra del suspendido intendente metropolitano, Felipe Guevara, que ya aprobó la Cámara de Diputados, el 23 de enero pasado. En otras palabras, el mismo día en que el organismo internacional pidió un informe a Chile.
Los parlamentarios de distintas bancadas acusaron a Guevara de haber ejecutado un “copamiento” policial en la llamada Plaza de la Dignidad (o Baquedano), impidiendo con ello el derecho a reunión consagrado en la Constitución. La decisión final la votará la próxima semana el Senado.
Fuente: BioBioChile.cl
