La dirección regional de Cochabamba del Movimiento al Socialismo (MAS) planteó al expresidente boliviano Evo Morales la posibilidad de presentarse a diputado o senador en las elecciones de mayo, aunque se cuestiona si la candidatura sería aceptada puesto que reside fuera de Bolivia.
No obstante, el partido aclara en un comunicado que “la definición de todas las candidaturas forma parte de un proceso de debate que aún se desarrolla”, además de que todavía está en espera de que “el hermano Evo la acepte”.
Evo Morales firmó en Argentina, donde se encuentra desde el pasado diciembre, un poder notarial para que su abogado Wilfredo Chávez y Patricia Hermosa, que fue su jefa de gabinete cuando era presidente, realicen los trámites en Bolivia si finalmente presenta la candidatura a legislador.
El poder, publicado por el medio digital Contacto Bolivia, les autoriza los trámites ante varios registros y el órgano electoral, por si necesitara inscribir su candidatura para “senador o diputado” para las elecciones del 3 de mayo.
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Las dudas
El plazo de candidaturas está abierto hasta el próximo 3 de febrero, aunque en el país se cuestiona si Morales cumpliría el requisito que establece la Constitución boliviana de “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente”.
Evo Morales siempre ejercía su derecho al voto en el Chapare, una zona de la región central de Cochabamba donde sigue siendo presidente de las federaciones cocaleras, por lo que tiene que estar allí empadronado para poder votar, aunque la residencia presidencial se encuentra en La Paz, sede del Gobierno boliviano.
Sin embargo, Morales anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia al poder denunciado un golpe de Estado para derrocarlo y al día siguiente viajó hacia México, donde permaneció antes de una breve estancia en Cuba para trasladarse después a Argentina, donde se encuentra desde comienzos de diciembre.
El expresidente tiene una orden de detención de la Fiscalía si regresa a Bolivia, tras una denuncia del Gobierno interino de Jeanine Áñez por cargos como terrorismo y sedición.