El pasado 21 y 22 de enero el Ministerio Público ingresó dos requerimientos, uno a la Cámara de Diputados y otro al Senado, para solicitar información sobre las asesorías de 19 congresistas, 10 de ellos aún en ejercicio.
Lo anterior se genera en el marco del presunto fraude al Fisco por parte de diputados y senadores.
Según informó La Tercera, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, investiga quiénes fueron los parlamentarios y exparlamentarios que pagaron más de una vez por el mismo informe de asesoría.
Las solicitudes fueron ingresadas luego de que el Congreso rechazara otra solicitud en la que se pedía que detectives de la Policía de Investigaciones fueran a buscar dicha información personalmente.
Por ello, Sepúlveda solicitó a ambas cámaras del Congreso “remitir toda la documentación que acredite fehacientemente el pago de asesorías parlamentarias que más adelante se individualizan, en especial se solicita remitir al menos los siguientes antecedentes: comprobante contable del egreso por el pago del informe, instrumento de pago (cheque, transferencia, vale vista, etc.), cargo en la cuenta corriente respectiva que de cuenta del pago, visto bueno del congresista mediante el cual aprobó el informe requerido, factura o boleta del prestador del servicio, comprobante de solicitud del informe, copia del informe”.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado comprometieron para antes de febrero -es decir, antes de que inicie el receso parlamentario- la respuesta al Ministerio Público.
Los diputados en la mira de la Fiscalía son:
– Fidel Espinoza (PS y expresidente de la Cámara), por un informe repetido
– Camila Vallejo (PC), por un informe repetido
– Mario Venegas (DC), por un informe repetido
– Matías Walker (DC), por un informe repetido
– Gabriel Silber (DC), por un informe repetido
– Daniela Cicardini (PPD), por dos informes repetidosLos exdiputados en la mira de la Fiscalía:
– Clemira Pacheco (PS), con tres informes repetidos
– Joaquín Tuma (PPD), con tres informes repetidos
– Guillermo Ceroni (PPD), con dos informes repetidos
– Daniel Melo (PS), con un informe repetido
– Jaime Pilowsky (DC), con un informe repetido
– Patricio Vallespín (DC), con un informe repetido
– Ricardo Rincón (IND), con un informe repetido
– Arturo Squella (UDI), con un informe repetidoLos senadores en la mira de la Fiscalía:
– Manuel José Ossandón (RN), con dos informes repetidos
– José García Ruminot (RN), con dos informes repetidos
– Alejandro García-Huidobro (UDI), con un informe repetidoLos exsenadores en la mira de la Fiscalía:
– Baldo Prokurica (RN, actual ministro de Minería)
– Carlos Larraín (RN)En ambos casos no se especifica cuántos informes repetidos fueron detectados.
Según un informe de la Policía de Investigaciones, existen 35 diputados que pagaron por informes con “contenido coincidente”.
Dichas situaciones se detectaron luego de que las policías analizaran antecedentes aportados voluntariamente por seis centros de estudios ligados a partidos políticos que se dedican, entre otras cosas, a la venta de asesorías parlamentarias.
El Ministerio Público pidió en 2017 al Senado el respaldo de todos los informes de asesorías externas de todos los parlamentarios que en ese entonces se encontraban en ejercicio.
En dicho momento la corporación pidió un análisis en derecho para evaluar la pertinencia de la diligencia. Más tarde se optó por no entregar la información y solicitar al Ministerio Público que precisara los informes que requería y sobre qué parlamentarios.
Tras estos hechos, la corporación contrató los a Juan Carlos Marníquez, abogado que tenía como fin interactuar con el ente persecutor.
Dicho contrato no fue renovado, por lo que se determinó que cada parlamentario y asesor, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, será responsable de su propia defensa ante el Ministerio Público.
Fuente: BioBioChile.cl
