Uno de los principales problemas del sistema público de salud es la falta de establecimientos y especialistas médicos que den abasto a las más de 14 millones de personas que se atienden en la red pública, motivo que lleva al Estado a invertir en las redes privadas de salud, derivando pacientes a clínicas o contratando personal externo para dar respuesta a los requerimientos de la población.
En ese sentido, solo durante 2019 se gastó más de $550 mil millones en derivaciones de pacientes a clínicas privadas ($250 mil millones), como también en la compra de servicios a sociedades médicas ($300 mil millones), según información proporcionada por El Mercurio.
Esta cifra corresponde al gasto del Estado en salud privada, el que se genera para dar continuidad a la atención de pacientes y palear el déficit de la red pública. De esta forma, el Estado contrata a privados para dar abasto en salud y acelerar la atención de los pacientes.
Sin embargo, dicha inversión también genera un mayor gasto para el Estado, pues las prestaciones se compran a precios más altos a las ofrecidas por el servicio público.
Sobre estos hechos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, asegura que “en la compra a privados, tenemos un mal uso de recursos, en el sentido de que no están sometidos a una licitación transparente”, agregando además que las cifras de 2019 son similares a la de años anteriores.
El secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades de Salud, Manuel Inostroza, aseguró que el principal problema tiene que ver con las sociedades médicas. Éstas son formadas por facultativos que generalmente destinan parte de su jornada en hospitales, pero que fuera de su horario laboral ofrecen servicios a precios de particular.
“No estamos siendo capaces de velar para que los médicos produzcan lo que tienen que producir en su horario contratado”, sostuvo.
Asimismo, señala que un método de arreglar esto sería “reformular la ley médica, porque hoy al profesional se le está pagando por estar en el hospital y no por atender pacientes y resolver garantías”.
La polémica reforma
Desde el Gobierno se ha presentado una reforma al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), lo que ha generado controversia debido a que en ciertos casos el seguro público podrá derivar automáticamente a los pacientes a recintos fuera de la red estatal, siempre que dichos servicio de atención estén copados.
Esta arista de la reforma genera rechazo en la oposición, quienes sostienen que dicho aspecto no fortalece la salud pública, sino que más bien refuerza la privatización del sistema.
El diputado de la Comisión de Salud Juan Luís Castro (PS) afirma no ver “la garantía, hoy, de que se pueda cumplir con plazos de atención sin tener que aumentar la compra a privados”.
Por su parte, Mañalich sostiene que “la reforma también estimula a eficiencia. Porque si los hospitales alcanzaran su producción óptima, en la práctica no necesitaríamos referir pacientes a ninguna clínica”.
Sin embargo, Inostroza asegura que “el fortalecimiento de Fonasa no es garantía de que la compra a privados vaya a disminuir. Lo que se requiere es fortalecer la gestión de los hospitales y eso no está incluido en este proyecto”.
Desde Fonasa han aclarado que una vez implementada la reforma no se derivará fuera de la red más del 10% de las prestaciones, cifra que hoy alcanza un 3,5% en la actualidad, por lo que eventualmente el gasto público en privados podría aumentar.
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