Según consigna El Mercurio, la acción judicial se basa en que fue removido el pasado 8 de octubre por un decreto que no cumple con un acto necesario del despido de cualquier trabajador como lo establece el Código del Trabajo, es decir, a través de una carta y un aviso previo.
Asimismo, acusa que fue desvinculado sin expresión de causa legal, lo que implicaría una indemnización por sus 40 años y ocho meses de servicios, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50%, más los costos del juicio. Con todo lo anterior, el momento se elevaría a más de $520 millones.
Elgueta asegura que, a la fecha, no ha recibido el finiquito ni información de sus cotizaciones previsionales.
El exministro insistió que es un “trabajador para los efectos legales , porque no se respetaron las normas”. Además, agrega que con dicha acción está abriendo camino a todos los funcionarios del Poder Judicial para que puedan demandar al Estado en caso de presentarse irregularidades en sus despidos.
El exministro de Rancagua Emilio Elgueta, destituido por los delitos de tráfico de influencia y de probidad, presentó una demanda contra la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por despido injustificado. Acto por el que pide una indemnización superior a los 520 millones de pesos.
Según consigna El Mercurio, la acción judicial se basa en que fue removido el pasado 8 de octubre por un decreto que no cumple con un acto necesario del despido de cualquier trabajador como lo establece el Código del Trabajo, es decir, a través de una carta y un aviso previo.
Asimismo, acusa que fue desvinculado sin expresión de causa legal, lo que implicaría una indemnización por sus 40 años y ocho meses de servicios, la sustitutiva del aviso previo, feriado proporcional, el recargo legal del 50%, más los costos del juicio. Con todo lo anterior, el momento se elevaría a más de $520 millones.
Elgueta asegura que, a la fecha, no ha recibido el finiquito ni información de sus cotizaciones previsionales.
El exministro insistió que es un “trabajador para los efectos legales , porque no se respetaron las normas”. Además, agrega que con dicha acción está abriendo camino a todos los funcionarios del Poder Judicial para que puedan demandar al Estado en caso de presentarse irregularidades en sus despidos.
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