La violencia que se desató cerca del estadio Monumental, donde el sábado debía disputarse la final de la Copa Libertadores entre los argentinos River y Boca, abrió una interrogante sobre la seguridad de la cumbre del G20 que se realizará en pocos días en Buenos Aires.
Más de 2.000 agentes desplegados en tres anillos de seguridad, un sistema aerostático de vigilancia y cámaras de detección facial no lograron impedir que un grupo de “barras bravas” atacara con piedras al autobús que llevaba a los jugadores de Boca al estadio Monumental, la casa de River en el norte de Buenos Aires.
Pedradas, ventanillas rotas y gases lacrimógenos que se colaron dentro del autobús de Boca causaron lesiones a varios de los futbolistas, las más serias a su capitán Pablo Pérez y al volante Gonzalo Lamardo, con esquirlas de vidrios en los ojos.
El partido, uno de los más ansiados por los fanáticos del fútbol, fue reprogramado tres veces entre sábado y domingo para finalmente quedar suspendido hasta una fecha aún por definir.
Además del ataque a los jugadores de Boca, los “barras bravas” causaron destrozos en las calles aledañas al estadio, en una batalla campal con la policía que se prolongó durante casi toda la tarde.
Y todo esto pese a que la final, prevista de ida y vuelta, se jugaba sin público visitante, en un intento por evitar desmanes.
¿Y el G20?
“Vergüenza mundial” fue la frase que definió los incidentes en la prensa y en las redes sociales. Pero la pregunta más inquietante es qué garantías de seguridad hay para la cumbre del G20, a la que acudirán el 30 de noviembre y el 1 de diciembre dirigentes mundiales como el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, entre otros.
“La responsabilidad del operativo (de seguridad para el partido Boca-River) es de la policía de la ciudad (de Buenos Aires) donde colaboran fuerzas federales, en el caso del G-20 será al revés”, dijo este domingo, en un intento de calmar las aguas, el alcalde Horacio Rodríguez Larreta.
Hasta ahora, no ha habido declaraciones de parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o del mandatario Mauricio Macri, expresidente de Boca y quien había pedido en un primer momento que la final se jugara con público visitante.
Para la cumbre del G20 se movilizarán 22.000 efectivos de las diversas fuerzas de seguridad argentinas, y también habrá unos 2.000 agentes de las delegaciones internacionales.
Des esta forma, el operativo para el G20 es considerablemente mayor y se espera que desde el miércoles 28 de noviembre se instalen los primeros anillos de seguridad en Buenos Aires, con el cierre de aeropuertos y la limitación de servicios, consigna el portal Infobae.
Los mandatarios sostendrán sus reuniones en Costa Salguero, una zona prácticamente deshabitada a orillas del Río de la Plata. En ese perímetro habrá veda total de circulación vehicular o peatonal y será espacio de restricción aérea y naval.
Además de Costa Salguero, habrá otras cinco zonas resguardadas en Buenos Aires, donde el viernes movimientos sociales han convocado a una manifestación en rechazo al G20.
“La mafia de las barras”
En su explicación sobre los hechos de violencia del sábado, Rodríguez Larreta apuntó a la “mafia de las barras del fútbol argentino” como responsable de la violencia, aparentemente en represalia por un operativo policial que el día anterior les había confiscado entradas al estadio.
“No es un problema de todos los argentinos. Ayer (sábado) entraron al estadio unas 60.000 personas en forma totalmente pacífica sin hacer ningún problema. Hace un mes celebrarnos los Juegos Olímpicos de la Juventud donde participaron un millón de personas sin ningún incidente y esos también son argentinos”, justificó el alcalde.
Debido a la violencia en el fútbol, desde 2013 se prohibió la presencia de público visitante en los partidos, aunque eso no ha podido detener las muertes: cuatro en 2018 y 137 en los últimos 20 años, según la ONG Salvemos al Fútbol.
Sin embargo, Argentina exhibe una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, con 6 por cada 100.000 habitantes en 2016, solo por encima de Chile (3,3 por cada 100.000 habitantes) y Ecuador (5,8 por cada 100.000 habitantes), de acuerdo con la revista especializada Insight Crime.
Fuente: BioBioChile
