En el encuentro se aprobaron tres resoluciones que, en lo medular, llaman al Gobierno a dar una solución al problema, planteando para ello la constitución de una mesa técnica y la creación de una glosa presupuestaria que de inicio a la restitución de la deuda para los afectados.
Analizar la denominada “deuda histórica” del Estado de Chile con sus docentes, generada durante el proceso de desmunicipalización, fue el objetivo de la sesión especial desarrollada por la Cámara de Diputados.
Al encuentro estaban citados los titulares de las carteras de Educación, Hacienda, Trabajo y Desarrollo Social, sin embargo, todos ellos presentaron sus excusas en misivas enviadas entre el lunes y el martes de esta semana. En el caso de los tres primeros se argumentó incompatibilidad de agenta por la tramitación de proyectos de ley (Aula Segura, Ley de Presupuestos y Reforma Previsional, respectivamente), en tanto que el Ministro Alfredo Moreno apeló a compromisos adquiridos con anterioridad en región de La Araucanía.
El debate, asistido desde las tribunas por el Colegio de Profesores y docentes afectados por esta deuda, fue abierto, en representación de los solicitantes de la sesión, por la diputada Camila Rojas (IND) y por el diputado Tomás Hirsch (PH).
Camila Rojas relató que el origen de la “deuda histórica” se remonta por el no pago de una asignación especial no imponible que debió beneficiar, a partir de 1981, a docentes del entonces sistema público. Explicó que el monto referido se extinguió por el traspaso al sistema municipalizado que se desarrolló en la misma época. “Las profesoras y profesores traspasados perdieron la asignación por los hechos”, acotó.
La legisladora recordó las diversas gestiones impulsadas desde la Cámara de Diputados y desde el Senado en pro de llegar a una solución y remarcó que uno de los principales hitos en la materia fue la constitución de una mesa técnica que tuvo como principal resultado el reconocimiento del Gobierno de la deuda y la gestación de un listado oficial de las personas afectadas.
Sin embargo, agregó, ello no generó la restitución de los dineros, por lo que los más de 60 mil afectados vivos siguen esperando la anhelada compensación.
Por su parte, Tomás Hisch sostuvo que en plena democracia no hay justificación para que se mantenga esta deuda que bordearía los 14 mil millones de dólares y que, incluso, se niegue por parte de las autoridades del Gobierno, como habría quedado de manifiesto a través de oficios recibidos hace un mes y medio.
El parlamentario llamó a los profesores a exigir a sus respectivos parlamentarios a impulsar un acuerdo con el Gobierno para que en la presente Ley de Presupuesto se contemple una glosa presupuestaria que, al menos, avance en poner fin a esta deuda.
Resoluciones aprobadas
En la oportunidad se aprobaron tres resoluciones. La primera de ellas (395), ratificada por 115 votos a favor, solicita al Presidente de la República que establezca un capítulo o línea, con su respectiva glosa en el proyecto de ley presupuesto de la nación para el año 2019, con la finalidad de atender y solucionar de forma definitiva la “deuda histórica”.
Asimismo, se pide que, a través de la mencionada glosa, se cree una mesa de trabajo compuesta por representantes del Ejecutivo, la Cámara de Diputados y el Colegio de Profesores, que tenga por finalidad elaborar una propuesta de solución y la manera en que esta va a implementarse.
La resolución 396, aprobada por 118 votos a favor, llama al Ejecutivo que tenga a bien considerar el estudio y proposición de una fórmula que permita al Estado de Chile pagar la deuda histórica que mantiene con los profesores de Chile, tal como ha sido reconocido por diversas instituciones políticas y jurídicas que se han manifestado a favor de los profesores.
Finalmente, la resolución 397, apoyada por 119 votos a favor, expresa el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la existencia de la denominada “deuda histórica” a los profesores de nuestro país y solicita al Presidente de la República que estudie medidas para su solución. Para ello, se pide al Mandatario que, en un plazo de 90 días, conforme una mesa en que participen representantes de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional y miembros del Ejecutivo, para estudiar el mejor mecanismo que permita darle solución a la deuda.
