La Corte Suprema desestimó las alegaciones de la Minera Maricunga, confirmando la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que a su vez, ya había ratificado la clausura de los pozos de extracción de la empresa impuesta, en primera instancia, por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).
Luego de analizar los recursos de casación presentados por la empresa y la defensa de la SMA, el máximo tribunal ordenó el cierre de los pozos de extracción de agua del Proyecto Minero Refugio, pertenecientes a la Minera Maricunga, ubicados en la región de Atacama.
En detalle el fallo se produjo por “el manejo inadecuado de los impactos ambientales no previstos que se extendieron a la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda”.
En el procedimiento sancionatorio del SMA del año 2016 se concluyó que la compañía “no cumplió con sus obligaciones de dar aviso y de adoptar las acciones necesarias e idóneas para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda”.
Además la empresa no estimó el consecuente desecamiento de, a lo menos, 70 hectáreas de humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un “Sitio Ramsar”, es decir, humedales con un importante núcleo de diversidad biológica.
Por esa razón, la SMA en ese entonces ordenó la clausura parcial de los pozos de extracción. El caudal autorizado se fijó en niveles de extracción diferenciados por mes, considerando sólo el agua necesaria para asegurar la recirculación de solución en las pilas de lixiviación y el agua fresca para los trabajadores que deben permanecer en la faena de forma preventiva.
Fue a raíz de eso, que la minera alegó ilegalidad de la sanción por una serie de supuestos errores técnicos y jurídicos, todo lo cual fue desestimado primero por el Segundo Tribunal Ambiental y este pasado miércoles por Corte Suprema.
