Hace poco más de 10 meses, entre el 12 al 16 de noviembre del año pasado, se realizó en Santiago la Reunión Anual Nº 60 de la Unión Internacional de Jueces, que organizó la Asociación de Magistrados de Chile y que convocó a un centenar de jueces de todo el mundo.
La actividad, que fue catalogada como un “éxito” por los organizadores, contó incluso con paseos a Viña del Mar, reuniones protocolares con autoridades chilenas, y una cena donde brindaron con los jueces extranjeros, como consta en las fotografías de la época.
Lo cierto, es que a 10 meses de ocurrida la “exitosa” cita, y en medio de las elecciones internas de la Asociación, se abrió toda una polémica entre los jueces, especialmente de Santiago, luego que ante el requerimiento de una de las magistradas, quedara en evidencia que parte de los fondos con que se organizó la reunión internacional, fueron dineros que llegaron del sector privado.
Pero además, los correos a los cuales tuvo acceso Radio Bío Bíorevelan que al menos uno de esos aportes fue previa firma de un “acuerdo de confidencialidad”, por lo que no se entregaron detalles a los asociados sobre el monto aportado por la compañía.
No obstante, según se pudo establecer de forma exclusiva, se trató de Entel, controlada por el Grupo Matte; Banco BBVA; además de notariosy conservadores de bienes raíces.
Para conseguir esos fondos y firmar el acuerdo de confidencialidad, literalmente los jueces fueron a tocar las puertas de las empresas, donde algunas de ellas dijeron no estar disponibles.
Sin embargo, algunas accedieron, como en el caso del BBVA, que pidió estar presente con el logo corporativo. Pero por otra parte, otras entidades pidieron el anonimato, como Entel, que solicitó que no se utilizara su logo corporativo, es decir, y pese al aporte económico, no aparecieron pendones o publicidad durante la actividad.
El hecho generó un duro debate, como se exhibe en los correos electrónicos, donde la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz–Muñoz, cuestionó el modelo de recaudación, e incluso, como consta en las comunicaciones electrónicas, aseguró que violaba los estatutos de organización.
Esto último, especialmente luego que el tesorero de la Asociación de Magistrados de Chile, Mauricio Olave, respondiera a través de un correo a la jueza Díaz–Muñoz, donde le indicó que los montos y cifras no se podían revelar, debido a la firma del convenio de confidencialidad con quienes les ayudaron económicamente.
En ese sentido, Olave detalló que está “obligado a respetar” dicho acuerdo, “precisamente para que ningún juez pueda sentir presión al ejercer su cargo y preservar con fuerza la Independencia Judicial”.
Fervor por la campaña
Desde la saliente mesa de la Asociación de Magistrados de Chile, que encabezó el magistrado Álvaro Flores Monardes, aseguran estar tranquilos sobre los cuestionamientos que se han hecho contra la organización.
Incluso en privado advierten que las acusaciones sobre actos irregulares o fuera de los estatutos llegó de la mano de las campañas internas de la organización, que terminó con la elección de la jueza de la Corte de Valdivia, Soledad Piñeiro, como presidenta de la entidad gremial, cargo que asumirá en octubre.
Además, explicaron cercanos a la directiva, según ellos no existe una violación estatutaria y que están dispuestos a que el debate de recibir recursos de empresas privadas se transparente dentro de la asamblea general, y decidir si es necesario terminar con esta práctica que -aseguran- la tiene incluso la propia Corte Suprema, respecto a pedir dineros a empresas privadas para financiar los foros, seminarios o reuniones.
Otro de los puntos, según explicaron las mismas fuentes, es que tanto Álvaro Flores como Mauricio Flores, ha transmitido que están tranquilos sobre la decisión de tocar las puertas a los privados, ya que la decisión de hacerlo fue aprobada por la unanimidad de los directores de la Asociación de Magistrados.
Sobre rendición de gastos del evento, indicaron que también fue aprobada por la unanimidad de los directores, luego lo aprobó la comisión revisora de cuentas y finalmente la asamblea general de la Asociación, quienes aprobaron sin reparos el punto.
Aunque, en las actas de los meses previos al encuentro de noviembre de 2017, quedó establecido que la mesa directiva tenía problemas de liquidez para organizar el encuentro mundial de jueces. Incluso, al no tener dinero, tocaron varias puertas, entre ellas las del gobierno de Michelle Bachelet, sin que se les asignara dinero alguno.
Desde la Corte Suprema la disposición fue diferente. El entonces presidente del máximo tribunal del país, Hugo Dolmestch, les colaboró con dinero para la organización.
En todo caso, los aludidos no quisieron entregar declaraciones para este reportaje.
En la actualidad, la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial cuenta con más de mil asociados a lo largo de todo Chile, agrupando a ministros de la Corte Suprema, ministros de Cortes de Apelaciones, fiscales Judiciales, jueces Civiles y de Letras, de Garantía, Orales en lo Penal, de Familia, Trabajo, Secretarios y Relatores, según detalla la entidad en su página web.
