Una serie de correos electrónicos que envió Dorothy Pérez, entre junio de 2010 y diciembre de 2013, cuando ejerció como subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la Contraloría General de la República, dan cuenta que en reiteradas oportunidades hizo recomendaciones a los equipos de fiscalización para que revisaran e investigaran los posibles actos de corrupción al interior de Carabineros de Chile.
Correos que están en conocimiento del Ministerio Público y que contradicen las declaraciones que hizo en agosto pasado el contralor Jorge Bermúdez, cuando situó a Pérez como parte de una trama interna de la Contraloría para proteger a funcionarios de Carabineros corruptos.
Bermúdez, al entregar esa declaración, no consideró que la única investigación que hubo en el organismo fue a raíz de una recomendación de 2013, realizada por la propia Pérez, que determinó que los uniformados estaban cursando pagos irregulares por más de 1.628 millones; tal como fue acreditado en dichos correos.
“Que una alta autoridad de la Contraloría esté involucrada en el mayor fraude (Carabineros), me parece que ameritaba que se tomaran decisiones”: esa fue la frase que entregó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, al ser consultado en CNN Chile sobre las razones que tuvo para pedirle la salida a Dorothy Pérez del cargo de subcontralora general y juez de cuentas de la institución.
Una salida que ha generado tensión sin precedentes al interior del mayor órgano de control del Estado, y que ahora está en mano de los tribunales de Justicia. Son estos los que deberán determinar si fue legal o no la decisión de Bermúdez de declarar la vacancia en el cargo luego que Pérez se negara a renunciar; aduciendo que un juicio de amovilidad ante Corte Suprema es la única vía para su destitución.
Pero las declaraciones de Bermúdez han abierto una “caja de pandora”.
Paralelo a la resolución que tendrá que tomar la Corte de Apelaciones, sobre el recurso de protección que presentó Pérez, el fiscal que indaga el caso de fraude en Carabineros, Eugenio Campos, ha seguido avanzando en la causa con la toma de declaraciones de funcionarios del ente contralor en calidad de testigo, pero que no han sido desvinculados por parte de Bermúdez.
Lo anterior, ya que Fiscalía busca determinar qué pasó al interior de la Contraloría con la orden que se entregó para investigar al departamento de remuneraciones de Carabineros y que se emanó en 2010. Es decir, cinco años antes de que se descubriera el mega fraude al interior de la institución, el cual bordea los 28 mil millones de pesos. Una orden que se “perdió” al interior de la Contraloría semanas después de haber sido instruida, lo que a juicio de Bermúdez fue intencional.
Y es en este contexto que aparecen una serie de correos electrónicos, entre junio de 2010 y diciembre de 2013, que envió por aquel entonces la subjefa de la División de Auditorias Administrativas de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez. En ellos solicita o recomienda -ya que en algunos casos no tenía injerencia en los grupos de trabajo- incluir en la planificación y fiscalización a Carabineros de Chile.
De hecho, los correos, a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, demuestran que Pérez hacía recomendaciones sistemáticamente a los equipos de trabajo de las áreas de fiscalización y planificación para revisar actos de funcionarios de Carabineros. La misma institución donde trabajaba su marido, el mayor Fabián López, que ejercía como piloto de helicópteros y que según Jorge Bermúdez siempre supieron.
Una revelación que, como se puede observar a continuación en dichos mensajes electrónicos, apuntaba a monitorear compras, poner énfasis en las unidades de adquisiciones, o recordarles a los funcionarios de la Contraloría que debían denunciar a la Fiscalía si se comprobaban la existencia de delitos por parte de oficiales o carabineros en general.
Uno de los correos más importantes que desmienten la teoría entregada por Jorge Bermúdez sobre la supuesta “relación” de Dorothy Pérez con el fraude en Carabineros, y que está en poder de la Fiscalía, establece que en 2013 la entonces subjefa de Auditorías solicitó al jefe de la Unidad Técnica de Control externo de la Contraloría, Sergio Jiménez, planificar una investigación al departamento de Remuneraciones de Carabineros.
En esa comunicación, Dorothy Pérez le indicó que producto de que “se ha escuchado que allí pagan mal los sueldos y las asignaciones y bonos”, esta decidió recomendar al equipo indagar ya que “podría ser error o podría ser irregular”.
Incluso les subrayó que esta situación podría repetirse debido a que la Contraloría “condonaría parte de esos haberes mal pagados en virtud de la facultad que le otorga el artículo 67 de la ley 10.336, orgánica de la CGR”.
Una advertencia que, si bien no logró establecer el mega fraude de los 28 mil millones de pesos, la auditoría fue clave para determinar que funcionarios al interior de Carabineros entregaban pagos irregulares por 1.628 millones de pesos: entre bonificaciones, relativos a los sobresueldos por especialidad, gratificaciones, asignación de zona, títulos profesionales, entre otros, como se estableció en el informe 215/2013.
Dicha indagatoria partió con la propuesta de investigación de Dorothy Pérez. Sin embargo, cuando se instruyó el sumario, ella ya había renunciado a la Contraloría para prestar sus servicios en el Ministerio de Educación.
