Unos 1.187 extranjeros han sido expulsados del país por las políticas migratorias impulsadas por el Gobierno, y que han sido criticadas por organizaciones de migrantes que han calificado las deportaciones masivas como “un circo” y una medida que sólo tiene objetivos mediáticos.
El Gobierno concretó este jueves una nueva expulsión masiva de extranjeros con antecedentes penales o condenas, con el traslado hasta la frontera de 69 bolivianos y 8 peruanos.
La medida se suma a la expulsión hace una semana de 51 colombianos que tenían antecedentes penales.
“Estas expulsiones son todas por orden judicial, más del 90% de ellos tiene una condena por distintos delitos asociados a la ley de drogas”, dijo el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Pero además, la autoridad reiteró que las expulsiones de extranjeros se apegan a la ley y rechazó las críticas que han tildado estas acciones como “un circo”.
“La gran mayoría de los chilenos considera que esto no es un circo, sobre todo la justicia, que son ellos los que instruyen”, se defendió Ubilla.
“Creo que ponerlo a un nivel de circo, no es respetar los derechos humanos de las propias personas que están siendo expulsadas, es no entender nada, es minimizar el efecto de lo que significa un país que tiene una política migratoria ordenada”, agregó la autoridad.
Al igual que la semana anterior, el operativo se realizó de madrugada y fue transmitido por los principales canales de la televisión local.
Pero a diferencia de lo que ocurrió con el grupo de colombianos -llevados a su país en un avión de la Fuerza Aérea de Chile-, por tratarse de países fronterizos los peruanos y bolivianos serán llevados hasta su país por vía terrestre.
Dos buses con 26 personas partieron este jueves de Santiago, para sumar a más expulsados en su trayecto hacia la frontera norte, en un recorrido de unos 2.000 km.
El plan de expulsiones forma parte de la nueva política migratoria con la que el gobierno de Sebastián Piñera intenta “ordenar la casa” tras la llegaba masiva de migrantes durante los últimos cuatro años, los que pasaron de 400.000 a constituir hoy una comunidad de cerca de 1,1 millón de personas.
“En materia de migración nuestra política es clara: recibir aquellos que respetan nuestras leyes y vienen a iniciar una mejor vida aportando honestamente. Y no dejar entrar o expulsar a aquellos que entran ilegalmente y tienen antecedentes criminales o cometen delito en nuestro país”, escribió Piñera en su cuenta de Twitter tras el último operativo de expulsión.
A fines de junio, el gobierno chileno anunció que expulsaría durante este año a cerca de 2.000 extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria y tengan antecedentes penales o estén cumpliendo penas carcelarias.
De acuerdo al prefecto Víctor Nakada, jefe nacional de Extranjería de la PDI, la decisión de realizar expulsiones obedece a un factor económico, pero respetando todos los derechos de las personas.
Fuente: BioBioChile