Los días 30 y 31 de julio pasado el Estado de Chile fue examinado por el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, en específico se revisó la implementación en el país de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, como organismo estatal autónomo cuya misión es promover y proteger los derechos humanos, participó de una sesión cerrada con el Comité el día 27 de julio, donde la Directora, Consuelo Contreras Largo, presentó los puntos de preocupación del INDH en relación con los derechos reconocidos y protegidos por la Convención, así como las propuestas de recomendaciones que permitan avanzar en el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile.
Observaciones al Estado de Chile
A días de su finalización, el Comité contra la Tortura dio a conocer las observaciones realizadas a Chile, entre ellas, instó al Estado a continuar el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y a “garantizar que sus autores sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento de las penas”, excluyendo posibles amnistías o indultos.
Además, solicitó derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a crear un mecanismo de identificación y reconocimiento de las víctimas.
En el informe se le solicitó también al país garantizar que los actos de terrorismo estén definidos en la legislación nacional “de manera precisa y estricta”, y a “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, el CAT expresó que el país debe garantizar que gocen de salvaguardias legales fundamentales, así como aminorar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de detención. En tal sentido, solicitó investigar y sancionar casos de muerte en custodia, tomar medidas preventivas ante la violencia entre internos/as, y revisar estrategias contra el suicidio de personas en reclusión.
En casos de uso excesivo de la fuerza, y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, el Comité requirió investigar, enjuiciar y condenar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas. El CAT también recomendó formar en diversas materias de derechos humanos a los agentes públicos, específicamente a agentes del orden y del sector judicial.
