Ayer martes, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el desafuero solicitado por la Fiscalía en contra del senador Jorge Pizarro (DC) en el marco del denominado Caso SQM.
El parlamentario se encuentra imputado por declaración de impuesto presuntamente falsa y también por la facilitación de facturas fraudulentas.
Asimismo, se acogió la orden de no innovar, con lo cual se va a paralizar la preparación de juicio oral contra los otros 15 imputados en la causa.
De acuerdo a los antecedentes recabados por el poder persecutor, el legislador de la Falange habría facturado a la minera no metálica cerca de $45 millones entre 2011 y 2012 a través de Ventus Consulting, la empresa de sus hijos Jorge, Sebastián y Benjamín.
Pizarro, no obstante, aseguró ante el Servicio de Impuestos Internos que los dineros no forman parte de transferencias fraudulentas, sino que devoluciones de préstamos que le hizo a sus hijos.
“Mis hijos me han ido retribuyendo económicamente a través de los años, específicamente desde que se han independizado”, indicó Pizarro.
