Los senadores Alejandro Guillier y José Miguel Insulza presentaron un proyecto de ley para que las empresas que cometan delitos electorales, como el financiamiento ilegal de la política, pierdan contratos y concesiones del Estado por este tipo de hechos.
Guillier explicó que hay casos como el de Soquimich (SQM) que demuestran de manera clara que empresas intentan cooptar la política, razón por la cual deben ser sancionadas así como se sancionan delitos como el lavado de activos o financiamiento terrorista.
El senador socialista, José Miguel Insulza, señaló que esta legislación complementa la Ley Electoral, que sanciona a personas pero no a empresas que financien de manera irregular las campañas políticas.
En la argumentación de los parlamentarios, estos precisaron que las sanciones a empresas vigentes en Chile por lavado de activos u otros delitos tributarios es muy laxa y sólo respondió en su minuto a la formalidad exigida para acceder al grupo de países de la OCDE.
Fuente: BioBioChile
