El secretario de Estado destacó que la iniciativa considera a instituciones con 4 o más años de acreditación y que no tienen fines de lucro.
“Con este proyecto estamos emparejando la cancha”, sostuvo el ministro de Educación, Gerardo Varela, tras presentar en la comisión de Educación del Senado la iniciativa que extiende la gratuidad a los alumnos pertenecientes al 70% de las familias más vulnerables y que cursan carreras en institutos profesionales y centros de formación técnica.
Acompañado por el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, y el jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, el secretario de Estado afirmó que la iniciativa busca fortalecer la formación técnico-profesional, considerando que, en el actual escenario, “de cada 10 pesos que estamos invirtiendo en educación superior en Chile, 8 se los llevan las universidades.”
Asimismo, puntualizó que el proyecto contempla que el beneficio se vincule con instituciones de calidad. “No es cualquier IP y CFT, son aquellos que cumplan con las normas que establece la Ley de Educación Superior, es decir, estar acreditados y no tener fines de lucro”, afirmó el ministro Varela, quien añadió que está abierto a considerar las sugerencias que hagan los parlamentarios durante la tramitación del proyecto.
El titular del Ministerio de Educación destacó que esta iniciativa es el primer paso del compromiso del programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que contempla expandir esta política hasta el 90% de los alumnos de este sector educativo, matriculados en CFT e IP que cumplan con los requisitos establecidos por ley para ingresar a la gratuidad.
Este proyecto, que está iniciando su primer trámite constitucional, beneficiará a cerca de 13 mil nuevos alumnos en 2019, con una inversión de $19.527 millones en una primera etapa.
El lunes, tras la segunda asignación de beneficios estudiantiles de 2018 del Mineduc, un total de 327.726 personas estudian con gratuidad. De estas, 140.037 corresponden a estudiantes matriculados en alguno de los 13 IP y CFT adscritos, lo que representa al 42,7% de los beneficiados a esta política. Estas cifras se actualizarán en julio, cuando se den a conocer los resultados del segundo proceso de apelación a las ayudas estudiantiles, que se extenderá hasta el 15 de mayo.
