El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, ha tenido una mala semana. A su fallida candidatura por la reelección, se le suma una investigación en su contra por tráfico de migrantes y cohecho que lleva la Fiscalía Centro Norte.
Según informó La Tercera, el Ministerio Público explicó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que “continuar con el monitoreo de este teléfono del imputado senador Andrés Zaldívar resulta fundamental tanto para acreditar el hecho originalmente investigado de tráfico de migrantes como el de cohecho”.
En concreto, se solicitó extender las escuchas porque se está indagando el posible vínculo del político con el empresario Álvaro Jofré Cabezas, quien ingresó 32 chinos al país entre junio y julio. El principal acusado afirmó que eran sus invitados y se quedarían en un hotel de Santiago. Sin embargo, la PDI lo denunció porque entraron con visa de turistas.
El mismo matutino informó que el fiscal Marcelo Carrasco envió un oficio, en el cual señaló que Jofré “además, se jactaba de tener amistad con gente del Gobierno. Así, el imputado tomó contacto con Rodrigo Sandoval, exjefe nacional del Departamento de Extranjería, y que también se comunicaba con Diego Rivera López, quien actualmente se desempeña como funcionario de planta del Ministerio de Relaciones Exteriores, ostentando el cargo de primer secretario. A ambos les manifiesta de manera abierta que tenía problemas con el ingreso de los ciudadanos chinos que quería traer al país, lo que estaría siendo obstaculizado en el Consulado de Chile en Shangai”.
Asimismo, se detalló que el empresario “se comunica con el senador Andrés Zaldívar Larraín, quien en al menos en tres ocasiones le indica que se ha contactado con Carlos Appelgreen Balbontin, actualmente director general de Asuntos Consulares e Inmigración, para revisar la gestión que le encomendó, esto es, le habría pedido que revisara la situación de las visas gestionadas por el imputado”.
Junto con ello, el persecutor entregó audios en los que el presidente del Senado hablaba sobre una terna de jueces para un tribunal en Talca y una conversación con el director general de la PDI, Héctor Espinosa, referida a un funcionario.
Horas antes, el propio legislador realizó sus descargos ante la prensa, asegurando que tiene “las manos limpias” y que la filtración y publicación de los antecedentes de esta causa constatarían un delito.
Posteriormente, desde la Fiscalía Centro Norte, a cargo de la investigación, declararon que ya se iniciaron indagatorias por la filtración de estos antecedentes. “Considerando la gravedad de los hechos publicados, se inició una investigación de oficio para determinar las razones por las cuales la información fue difundida en el Poder Judicial”, informó el fiscal Andrés Montes.
Ahora la Corte de Apelaciones y el Séptimo Juzgado de garantía
Esta tarde, el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, informó que solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía un informe sobre la tramitación de la causa.
El oficio del presidente Pfeiffer pide información al tribunal, al Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y a la Fiscalía Centro Norte.
Todo lo anterior, se debe a que según una denuncia del Ministerio Público, la causa tenía carácter de reservada, pero -por razones que se deben investigar- una solicitud de la misma pudo ser vista desde el portal de tramitación judicial y luego publicada por un medio nacional.
Además, durante esta jornada, la jueza presidenta del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, instruyó un sumario administrativo a fin de determinar eventuales responsabilidades.
Fuente: BioBioChile
