A seis meses de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Estacionamientos, las polémicas en torno a esta normativa no cesan. El último conflicto se generó luego que el día martes en la noche, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobara y despachara a Sala el proyecto que busca modificar nuevamente la normativa de aparcaderos. Este avance encendió los ánimos de operadores de centros comerciales.
El nuevo proyecto otorgaría a los usuarios de estos espacios media hora de gratuidad a todo evento, tiempo que podría aumentar a 60 minutos si los clientes de los centros comerciales realizan compras superiores a un octavo de UTM -es decir, unos $5.825- y otros 60 minutos adicionales si las adquisiciones realizadas corresponden a un cuarto de UTM -$11.650 aproximadamente-.
De igual forma, la iniciativa busca cambiar la cláusula que exime a los centros comerciales de responsabilidad en casos de daños y hurtos al interior de los vehículos, a menos que el consumidor pruebe que el proveedor no cuenta con medidas de seguridad adecuadas.
Si bien esta aprobación sería solo el primer paso -aún falta que el proyecto pase a Sala y se apruebe en la Cámara de Diputados y otras dos instancias más en el Senado-, los operadores de estos recintos ya manifestaron su molestia.
Según señaló el presidente en ejercicio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, Christian Acuña, este nuevo proyecto tendría una inclinación populista que permitiría expropiar bienes a entes privados. “Lo que está ocurriendo es que se está tratando de otorgar gratuidad a consumidores en un año electoral, y eso huele a populismo. Y gratuidad no con los bienes del Estado, sino que gratuidad con bienes particulares, en los que se han hecho inversiones importantes, tienen proyecciones y prestan un servicio”.
En esta misma línea, agregó: “Lo que están haciendo es que nos están expropiando, porque el 70% de los ingresos se indexan a las primeras dos horas y media. Entonces están matando el negocio, lo expropian y lo prohíben y no tienen ningún sentido”.
Por esta razón, el gremio advirtió que solicitará audiencias en todas las instancias públicas necesarias para manifestar sus reclamos, en busca de impedir que este proyecto avance. “A seis meses de haber implementado esos cambios, que implicó también mayores costos para nosotros, ahora tener una segunda discusión legislativa en la que un grupo de parlamentarios impone gratuidad no se entiende”, añadió Acuña.
