La parlamentaria por Atacama manifestó su preocupación por los cambios que pudiera experimentar la Reforma al Código de Aguas, ya aprobada en la Cámara y actualmente en el Senado.
La diputada por Atacama Yasna Provoste (DC) destacó la necesidad de impulsar “todos los esfuerzos e iniciativas que se requieran para defender y proteger el agua como bien común de uso público, modificando una legislación que viene desde la dictadura”.
La parlamentaria agregó, además, su preocupación por los cambios que pudiera experimentar la Reforma al Código de Aguas, ya aprobada en la Cámara y actualmente en el Senado, señalando que “esperamos se respete el espíritu y los ejes centrales de esta reforma de enorme importancia para el país”.
En la misma línea pidió directamente “que el lobby no afecte todo el trabajo que realizamos en la Cámara, a favor de las comunidades, a favor del acceso igualitario y del sentido que para nosotros tiene esta reforma, asegurar su consumo para todos como bien de uso público, incluyendo importantes cambios que incorporan a las personas como protagonistas, dejando de ver a este vital elemento como un bien económico. No queremos campañas de desinformación e interesadas en frenar un cambio que Chile merece y necesita”.
Cabe señalar que la propuesta se encuentra en segundo trámite legislativo desde noviembre del año pasado, con simple urgencia y que tanto desde el Ejecutivo como desde el sector privado han surgido propuestas de cambio.
Creada en 1981 en dictadura, el Código de Aguas rige el acceso, gestión y distribución de dicho recurso en el que predomina una visión del agua como un recurso económico. Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara, la Reforma se aprobó con amplio respaldo en la Cámara, aprobándose por 63 votos a favor y 32 en contra en la Cámara de Diputados.
Según la diputada Provoste, “este nuevo código de aguas establecerá un conjunto de privilegios para comunidades indígenas, para comités de agua potable rural, para comunidades agrícolas, de manera que los deja exentos del cobro de patentes, pero también establece con claridad la sanción a aquellos que acumulan agua, los que establecen una solicitud para un proyecto que nunca que concreta, no comen ni dejan comer, no utilizan las aguas y no dejan que pequeños agricultores puedan acceder a ellas. Ya hemos visto a empresas haciendo devolución de derechos de agua que ellos han tenido por años y que nunca han concretado iniciativas, este código de agua establece un plazo para concretar las obras y si no, esos derechos caducan y vuelven al estado.”
La iniciativa, que fue propuesta inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulada por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del vital elemento; reconocer las diversas funciones que el vital elemento pueda cumplir; permitir al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
