Debaten proyecto que sanciona a quienes nieguen o justifiquen crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1970

En concreto, el texto de la propuesta, analizada por las comisiones de Constitución y de Derechos Humanos, dispone que “El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.”.

Los autores de la iniciativa plantean que durante el régimen militar que gobernó el país entre los años 1973 y 1990 se produjeron graves, extendidas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, situación que fue acreditada por las llamadas Comisión Rettig y Comisión Valech, cuyos informes atestiguan el asesinato de más de 3 mil personas y la tortura y vejaciones a otras 28 mil durante ese periodo.

En ese sentido, hacen presente que la legislación chilena no puede desatender el sentimiento que provoca a quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos y a sus descendientes, oír el cuestionamiento, la minimización o justificación de los crímenes cometidos en dictadura.

Subrayan que así lo han entendido otros estados que vivieron delitos de lesa humanidad y en la legislación comparada existen leyes que tipifican como delito negar, ocultar o minimizar los crímenes contra la humanidad, mencionando al efecto los casos de Alemania, Francia y Suiza.