La instancia que investiga la existencia de contratos relacionados y pago de millonarias indemnizaciones continuó con su ronda de audiencias
Tanto el secretario de Estado como el ex directivo de la cuprífera estatal expusieron su visión respecto de cómo funciona hoy el sistema de fiscalización y cuanto ha progresado desde la entrada en vigencia de la Ley de gobierno corporativo el 2010
En ese sentido, tanto Rodrigo Valdés, en su calidad de integrante de la Junta de Accionistas de la minera y el ex Presidente Ejecutivo de CODELCO, Diego Hernández, defendieron lo hecho en materia de control al interior de la estatal y también el rol de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su papel de órgano fiscalizador.
Los parlamentarios integrantes de la comisión investigadora expresaron sus reparos señalando que es necesario profundizar sobre este punto, ya que la Contraloría General de la República ha dejado de manifiesto que existen situaciones que deben perfeccionarse, tal como lo planteó la diputada Yasna Provoste (DC).
Según comentó la legisladora, “me llamó la atención respecto del aporte de capital de una filial de Codelco, que se había adoptado el acuerdo de aportar más de un millón seiscientos mil dólares. Quería recabar antecedentes sobre eso y no había muchos antecedentes. Situación por la cual hemos decidió oficiar directamente al directorio de Codelco respecto de esta información”.
Consultada sobre la posición del Gobierno sobre el rol fiscalizador de la Contraloría en en Codelco, la parlamentaria dijo que tanto las intervenciones del ex ejecutivo Diego Hernández, como la del ministro fueronbastante claras “en defender en que aquí Cochilco es el único que debe tener esta facultad y yo personalmente adscribo a una opinión distinta, creo que hace bien los controles de la Contraloría en este caso porque es una empresa estatal, son los recursos de todos los chilenos y chilenas y por lo tanto tenemos que actuar con mayor eficiencia, eficacia y transparencia respecto de estos recursos” detalló.
En este mismo sentido, la diputada Paulina Núñez (RN), precisó que hasta ahora las exposiciones hechas en la comisión por los distintos invitados han dejado múltiples dudas, pues no se han respondido de forma satisfactoria las consultas hechas por los parlamentarios.
“Pregunté a Diego Hernández con cuántos contratos o tratos directos se había encontrado. O cuánto contrato con personas familiares relacionados con ejecutivos se había encontrado a la hora de asumir su jefatura. Y yo estoy viendo una investigación lenta. Una investigación que no está logrando concretamente llegar a los puntos que la Contraloría auditó”, dijo la legisladora.
Asimismo, lamentó “que tengamos que en el Ministerio Público avanzar con mayores esperanzas para entender que aquí hay eventuales ilícitos que se han cometido y hay responsabilidades de funcionarios públicos”.
Mejoras en la fiscalización de Codelco
Sin perjuicio de lo anterior, para el ex directivo de la cuprífera, Diego Hernández, se ha actuado correctamente al interior de Codelco; prueba de ello es el aumento tanto en la dotación encargada de la fiscalización y en la implementación de nuevos sistemas de control.
“Codelco ha hecho muchos esfuerzos para ir incorporando más gente con las obligaciones estas. Hoy día hay alrededor de dos mil personas que tienen que hacer declaración de bienes, que tienen que declarar si tienen personas relacionadas en empresas que prestan servicios a Codelco. Es decir, Codelco tiene todos los mecanismos para controlar esto”, afirmó.
Hernández manifestó que “en el mundo y en Chile cada vez se exige más transparencia. Yo creo que Codelco en forma oportuna ha ido respondiendo a esas nuevas inquietudes. Ahora, siempre van a existir irregularidades en las empresas y lo que hay que tratar de hacer es tener los mecanismos para detectarlas y Codelco los tiene y sancionar cuando se descubren estas irregularidades. Pero Codelco tiene un código de ética, un código de gobierno corporativo, tiene una línea de denuncia directa, tiene auditoría interna desde hace muchos años, tiene una carta de valores. Es decir, tiene todos los mecanismos necesarios para cautelar la transparencia y la regularidad en su quehacer”.
La comisión investigadora tiene como tarea establecer la existencia o no de responsabilidades políticas y administrativas en el pago de millonarias indemnizaciones a ex ejecutivos y en la existencia de contratos suscritos entre la estatal y terceros relacionados.
