El diputado Alberto Robles (PRSD) junto a la Diputada Daniella Cicardini(PS), presentaron un proyecto de acuerdo para solicitarle a la Presidenta Bachelet, que instruya a CORFO para que, a través de su Empresa ECONSSA, revisen el cumplimiento de la obligaciones de Aguas Chañar pactadas en el Contrato de Transferencia de Derechos de Explotación de Concesión Sanitaria, con el fin de poner término o extinción a dicho convenio y asumir de manera directa la Concesión Sanitaria para la Región de Atacama.
Para el diputado por la Región de Atacama, doctor Alberto Robles, la gestión de Aguas Chañar es pésima y no puede seguir a cargo del agua potable de la región “Aguas Chañar no ha hecho las inversiones que se requieren en la región, tanto es así, que en la población de Atacama no bebemos el agua de la llave, tenemos que comprar agua y el objetivo de una empresa sanitaria es que entregue agua potable a la ciudadanía, por lo que Aguas Chañar no está cumpliendo con lo básico. Por eso hemos presentado un proyecto de acuerdo con todos los diputados de la región, para que la Presidenta considere terminar, de una vez por toda, con el contrato con Aguas Chañar”.
El diputado Radical señaló que lo que está sucediendo con la empresa Aguas Chañar es inaceptable “No podemos seguir permitiendo que una empresa que ha reportado utilidades anuales que en total suman casi $ 30 mil millones de pesos, siga entregando un agua de tan mala calidad, que está enfermando a los ciudadanos de Atacama y más encima sus precios están entre las más caras del país. Esto debe parar, NO MÁS AGUAS CHAÑAR, no la queremos en nuestra región. Y la presidenta nos debe escuchar y terminar este contrato, que solo beneficia a una empresa irresponsable”, fue enfático, el diputado Robles.
En tanto la diputada Daniella Cicardini dijo que “con el diputado Alberto Robles hemos firmado un proyecto de acuerdo y resolución, que le pide a la Presidenta poner término al contrato de Aguas Chañar, porque creo que esto no da abasto. Queremos que se haga justicia. No más abusos para la gente, porque en la práctica, la empresa ha tenido incumplimientos y faltas graves reiteradas”.
La parlamentaria (PS) sostuvo que “desde 2010 que la superintendencia ha sancionado con multas, por el incumplimiento de lo que establece el contrato. El malestar generalizado de la gente de la Región de Atacama, lo único que quiere ver, es una señal política y quien debe darla es este gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio de Obras Públicas”.
