La reforma al Código de Aguas, que pasó a consideración de la Sala, fue ratificada en votación dividida. Mientras que los diputados de la Nueva Mayoría valoraron los alcances del proyecto y la posibilidad de terminar con la especulación de los derechos de aprovechamiento; los legisladores de oposición votaron en contra por estimar que no se sinceraron las reales cifras ni se subsanaron diversos inconvenientes del marco normativo.
La propuesta legal que busca priorizar el agua para el consumo humano quedó en condiciones de ser visto por la Sala, luego que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara por ocho votos a favor (todos de la Nueva Mayoría) y cinco en contra (de la oposición) los artículos de su competencia.
El presidente del grupo parlamentario, diputado Manuel Monsalve (PS), se manifestó muy conforme con el resultado y remarcó que se trata de una reforma al Código de Aguas de mucha importancia para el país y para la sociedad chilena. “Este es un proyecto que coloca en el lugar correcto a un bien nacional de uso público, como es el agua. Primero, por establecer prioridades para su uso, que parecieran lógicas, pero que no estaban escritas en ninguna ley”, puntualizó.
Indicó que la primera prioridad del uso del agua, tal como se mencionó, es para el consumo humano, luego para los servicios básicos y después para el productivo. Además, resaltó que la iniciativa busca cautelar la sustentabilidad del recurso hídrico al definir caudales ecológicos, al tiempo que cierra vías para la especulación de los derechos de aprovechamiento.
Asimismo, negó que no exista certeza jurídica respecto de sus normas. “Define una certeza muy clara para quienes hoy tienen derechos de aprovechamiento y para quienes usan agua sin haber regularizado sus derechos de aprovechamiento, este proyecto de ley les permite mantener ese derecho y regularizarlo. Pero también establece hacia delante un elemento que parece básico, que es que no se entrega para siempre, se entrega a través de un sistema de concesión, por un tiempo determinado, que la persona puede renovar o que el Estado puede recuperar”, acotó.
El diputado Daniel Núñez (PC) reconoció que hubiese querido una reforma más profunda al sistema, pero estimó que se dio un paso importante al definir que se trata de un derecho de propiedad que se basa en un recurso que es de todos los chilenos. Además, valoró que se le den más facultades al Estado para terminar con la especulación y se procure un uso más racional y una asignación equilibrada del agua, estableciendo una prioridad para el consumo humano.
“Es tremendamente importante que se haya aprobado en la Comisión de Hacienda, porque después de un trámite muy largo, que pasó por las Comisiones de Recursos Hídricos y de Agricultura, ahora podrá ser votado en la Sala”, enfatizó.
Oposición y DGA
El diputado Felipe De Mussy (UDI) explicó que la oposición votó en contra de los artículos de competencia de la Comisión porque el proyecto presenta falencias importantes que no fueron subsanadas, pese a que fueron observadas desde el inicio del debate y ratificadas por el Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
Asimismo, sostuvo que no hay un sinceramiento del real costo que esta reforma implicará. “Otro tema grave que nosotros vemos es que hay muchos artículos que sabemos que sí van a irrogar algún tipo de gasto y respecto de los cuales el Ejecutivo prácticamente no presentó datos en el informe financiero”, precisó.
Estimó que, por ejemplo, se le están dando muchas atribuciones a la DGA sin que se le otorgue ingresos extras para poder contratar más funcionarios y más fiscalizadores. “Por eso creemos que es de poca seriedad”, planteó.
El titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, dijo haber quedado conforme con el resultado general y que la iniciativa pueda ser vista ahora por la Sala, sin embargo, criticó la conducta de los legisladores de la oposición.”Lo que se votaba eran los artículos segundo y quinto transitorios, que tenían un informe presupuestario y que no tuvieron ninguna discusión. Se aprobaron, pero se utilizó una discusión del conjunto del proyecto, sobre tres o cuatro normas que les incomodan a algunos diputados, entonces castigar artículos sobre la base de supuestos políticos referidos a otros artículos me parece impropio y delicado”, remarcó.
El director informó que los $2.700 millones contemplados como gasto fiscal están destinados principalmente para la regularización de títulos de derechos de aprovechamiento, así como para la instalación de software, la contratación de consultorías externas y para la contratación de abogados en el caso de reclamaciones.
Finalmente, explicó que el proyecto permite la regularización colectiva, que es más simple y tiene más facilidades probatorias y anticipó que los estudios de la DGA apuntan a cerca de 49 mil expedientes por resolver. “Ante el temor que sean menos, estamos preparados; en el caso que sean levemente más, como se permite la regularización colectiva, se va a simplificar el número y estamos confiados en que el numero de 50 mil previstos es cierto y serio”, puntualizó.
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS SE VERIFICÓ POR PARTE DE LA COMISIÓN EN TRES GRUPOS DE NORMAS:
- Los artículos segundo y quinto transitorios. En el primer caso se aborda la regularización de títulos derechos de aprovechamiento, en tanto que en el segundo se trata una exención para los pequeños productores agrícolas.
- Las normas relativas al pago de patentes.
- La indicación del Ejecutivo que introdujo un nuevo artículo sexto transitorio que indica que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas y, en lo que falte, con cargo al Tesoro Público. Para los años posteriores, se financiará con cargo a los recursos de las leyes de Presupuestos.
