Comisión de agricultura despachó proyecto que reforma el código de aguas

logitoEl texto legal, que fue remitido a la Comisión de Hacienda, define el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

La Comisión de Agricultura de la Cámara aprobó este martes el proyecto de ley, originado en moción, que buscar reformar el Código de Aguas, definiendo el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.

La iniciativa, también aprobada previamente por la Comisión de Recursos Hídricos, establece que siempre prevalecerá el uso del agua para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento.

Durante el presente trámite, la comisión se abocó a reforzar el documento, haciendo técnicos algunos conceptos relacionados, por ejemplo, con la norma que señala que la Dirección General de Aguas (DGA) podrá establecer un Caudal Ecológico Mínimo, respecto de los derechos de aguas existentes, que corresponde a una indicación parlamentaria.

Lo anterior, enfocado en aquellas áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que las sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir grave deterioro o esté siendo afectada. No obstante, las facultades de dicho Ministerio, el informe podrá ser solicitado de oficio por la DGA.

Asimismo, el texto indica que se podrá establecer este Caudal Ecológico Mínimo, respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques nacionales, Reserva Nacional, Reserva de Regiones Vírgenes, Monumento Natural, Santuario de la Naturaleza, los humedales de importancia internacional. La Dirección General de Aguas podrá adoptar de oficio las medidas provisionales que estime oportunas.

Al mismo tiempo, la Comisión realizó indicaciones que aluden a los pequeños agricultores, señalando que ellos no aportarán en el Caudal Ecológico, dadas las complicaciones desde el punto de vista de la cantidad de terreno y agua, lo que significaría una disminución importante en términos productivos.

A esto, se agrega la posibilidad de que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), a través de los distintos instrumentos, pueda formalizar todo lo que tiene que ver con los derechos de agua, con el fin de que parte importante de los agricultores regularicen sus derechos.

Mejoras al proyecto

Sobre la aprobación, la diputada Alejandra Sepúlveda (IND) sostuvo que el Código de Aguas es un instrumento difícil que se ha ido modificando de a poco, por lo que en esta primera etapa aún quedan varias cosas por pulir y sistematizar, de manera de que todo quede concordante y lógico. “Creo que como primera aproximación se han puesto los ejes que a nosotros nos han interesado, pero esperamos volver a revisar el proyecto, porque no podemos cometer errores en este tema tan importante”.

Por su parte, el diputado Ramón Barros (UDI) valoró la aprobación en la Comisión destacando como un hecho relevante el acuerdo logrado en torno al Caudal Ecológico. “El hecho de que haya permanecido el tema de los derechos ya existentes, con ciertas prerrogativas que el proyecto en algún momento desconocía, creo que hoy día está reafirmado”.

Sin embargo, el parlamentario insistió en que en su totalidad este no es un buen proyecto, puesto que, según indicó, “los niveles de populismo en algunos casos rayan en lo increíble”.

“Como todo, vamos a seguir luchando en la Sala y en la Comisión de Hacienda, e incluso durante su trámite en el Senado, por mejorar un proyecto que es necesario en muchos aspectos, en cuanto a lo que es especulación de agua y derechos no consuntivos, por parte de las hidroeléctricas que a veces dañan a los regantes”, puntualizó.

En este contexto, recalcó que existen aspectos del proyecto que podrían llegar a afectar los derechos constituidos legalmente y donde cuya certeza jurídica no es posible rebajar. “Esto puede ser una mala señal hacia el mundo productivo”, acotó.

No obstante, el legislador manifestó que hay modificaciones que sí comparte, por lo que espera se mejore el proyecto en el transcurso de los próximos episodios legislativos.

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