Ante la Comisión de Vivienda, el ministro Víctor Osorio recalcó que existe el convencimiento que se debe trabajar para lograr la recuperación de estos bienes porque se encuentra gravemente comprometido el interés público.
La Comisión de Vivienda de la Cámara recibió al Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, para que abordara la situación de los bienes transferidos gratuitamente a Cema Chile durante el período del gobierno militar, así como los alcances del dictamen de Contraloría que objetó la venta de un terreno del Ejército.
El ministro Osorio señaló que, hasta el momento, dados los antecedentes que se han podido acreditar, no existen otras entidades en situaciones similares a Cema, por el volumen de transferencias que involucra ni por las gestiones inmobiliarias que se han generado a partir de estas.
Según dicho catastro, desde el año 1977 y hasta 1989, Bienes Nacionales transfirió a título gratuito 135 propiedades y entregó 18 concesiones de uso gratuito a la fundación que preside Lucía Hiriart, patrimonio que hoy supera los 80 mil millones de pesos.
Asimismo, manifestó a la Comisión que el fundamento social que justificó estas transferencias, “si es que alguna vez existió, claramente hoy se ha quebrantado y nuestro convencimiento de que es necesario trabajar para lograr la restitución al fisco de estos bienes”.
En esa línea, informó los pasos que se han dado, entre estos solicitar al Consejo de Defensa del Estado recurrir ante tribunales, lo que logró que se reabriera, por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, la investigación de estas transferencias “por una presunta malversación de caudales públicos”.
“A nosotros nos parece que en esta materia se encuentra gravemente comprometido el interés público y, por lo tanto, vamos a perseverar en trabajar por lograr que estas bienes sean restituidos al fisco”.
Consultado por los parlamentarios sobre la posibilidad de expropiar los bienes involucrados, el personero señaló que no cree que sea el Estado quien deba expropiar bienes que tienen su origen fiscal y, por ello se ha optado por el camino judicial. Además, expresó que le parece impropio que Cema Chile intente vender a la Municipalidad de Paine la plaza, a un valor que triplica su avalúo fiscal, por ejemplo.
Además, el ministro Osorio reconoció que existe una debilidad institucional, ya que el decreto 1939, de 1977, que regula las transferencias, dispone una prohibición de enajenación por un plazo de cinco años, y por tanto, es “fácil señalar que no tenemos como fiscalizar hoy esos destinos” debido al tiempo transcurrido.
En ese contexto, respaldó que se realicen modificaciones legales para perfeccionar la institucionalidad de la gestión de los bienes fiscales, por ejemplo, estableciendo que tras la disolución de la entidad que recibió el bien, este sea devuelto al fisco.
“No es que queramos colocar obstáculos para poner bienes fiscales a disposición de la ciudadanía, sino equilibrar el interés fiscal con la necesidad que estos bienes se pongan en servicio del bien general”, enfatizó.
Un segundo punto abordado en la sesión, fue lo referido al dictamen emitido por la Contraloría General de la República, respecto de la enajenación de un bien fiscal en propiedad del Ejército, en la comuna de Victoria, que establece que el Ministerio de Bienes Nacionales debe fiscalizar y poner término cuando este no sea usado por el beneficiario; y por tanto, el Ejército estaría obligado a restituir al fisco dicho bien si no está siendo utilizado.
Para el presidente de la Comisión de Vivienda, diputado Carlos Abel Jarpa (PRSD) estos casos hacen necesario hacer una nueva legislación que establezca que los bienes transferidos deben ser devueltos al fisco si no son usados para los fines que ameritaron la transferencia.
Pero, además, darle fortaleza al Ministerio de Bienes Nacionales para que pueda fiscalizar que dichas propiedades están cumpliendo su rol, subrayó.
“Es una situación compleja y difícil porque los bienes, transcurridos cinco años, pueden transferirse y demuestra que los traspasos de bienes nacionales a organizaciones sin fines de lucro terminan, por diferentes circunstancias enajenándose y transformándose en lucro”, manifestó el diputado Jarpa.
