El oficio, acordado en sesiones pasadas y ratificado el miércoles 1 de julio en su letra definitiva, contempla nueve preguntas. Originalmente el cuestionario presentaba diez interrogantes, pero una de ellas fue refutada por el oficialismo y en la votación la oposición no logró recabar el quórum necesario para sostenerla.
Cumpliendo con el acuerdo definido en sesiones pasadas y que fuera ratificado el pasado miércoles 1 de julio, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del caso Caval envió hoy el oficio a Sebastián Dávalos y a Natalia Compagnon con el cuestionario de preguntas destinadas a esclarecer hechos que son objeto de las indagatorias del grupo parlamentario.
El envío de un cuestionario fue acordado en forma unánime en la sesión del lunes 15 de junio pasado, cuando Dávalos y Compagnon excusaron su asistencia a la sesión que se celebró aquel día por la vía de un correo enviado por sus respectivos abogados. El envío del oficio fue ratificado en la sesión de esta semana, pero no con pleno acuerdo en el total de las preguntas, dado que el oficialismo objetó una de las interrogantes planteadas por la oposición.
“Es un cuestionario que alude a distintas interrogantes a Sebastián Dávalos y a otras personas y donde representantes de la Nueva Mayoría hemos considerado que una de las preguntas era impropia y que apuntaba a consultar por una conversación personal que, a nuestro juicio, no tenía ninguna relación con los hechos que se están investigando. Una conversación madre e hijo sobre esto no había lugar”, puntualizó el diputado Juan Luis Castro (PS).
Efectivamente, frente a la diferencia de opiniones, el tema se zanjó a través de una votación cuyo resultado fue de cuatro a favor (todos de la oposición) de mantener el cuestionario de diez preguntas íntegro; tres en contra (de la Nueva Mayoría); y una abstención (de la diputada Marcela Sabat). Luego, el grupo parlamentario volvió a votar para ratificar el envío del cuestionario con las nueve preguntas restantes, aprobándose por unanimidad.
La Comisión también acordó en la sesión realizar en los próximos días una visita a los terrenos involucrados en el caso y que se localizan en la comuna de Machalí, Región del Libertador Bernardo O’Higgins. En la oportunidad también se contempla efectuar una sesión especial en la zona, a la cual estarían invitadas algunas de las autoridades que participaron o tuvieron conocimiento del proceso investigado.
La instancia también definió un listado de nuevas convocatorias para las próximas sesiones, dentro de las cuales se incluye al presidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, y a la plana directiva de la entidad.
Datos de la sesión
En la sesión de este miércoles 1 de julio entregaron su testimonio la actual Directora Sociocultural de la Presidencia de la República, Paula Forttes, en lo relativo al rol que le compete a dicho cargo que otrora ocupara Sebastián Dávalos; el Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, en lo referente a la normativa aplicable a la transacción comercial entre el Banco de Chile y la empresa Caval; y el abogado Raúl Contreras, quien tuviera una breve participación en el negocio entre Caval y el síndico Herman Chadwick.
Raúl Contreras aclaró que su participación no tiene relación ninguna con actos de Gobierno que puedan estar conectados con algún tipo de negocios de Sebastián Dávalos, sino que con el proceso de negociación con el síndico Herman Chadwick para prolongar la vigencia del acuerdo firmado para finiquitar el negocio, dadas las dificultades que presentaba Caval en aquel entonces (octubre de 2013) para obtener los recursos financieros.
Especificó que su trabajo, el cual no fue finalmente remunerado por la empresa, se limitó a advertir a la entidad bancaria en donde se estaba centrando las conversaciones (Banco Santander) que había conocimiento que otros empresarios de la zona estaban tratando de boicotear el crédito, de manera que caducara el plazo y así pudieran hacer el negocio directamente con el síndico encargado de los asuntos de la familia Wiesner. “Lo que iba a hacer (Caval) era iniciar las acciones pertinentes contra cualquiera que le estuviera causando perjuicio”, precisó.
Dijo que, además, redactó una carta al síndico donde se le proponía una ampliación del plazo, misiva que fue recepcionada pero cuyo resultado no logró verificar por cuanto el primer martes de octubre, después de los feriados, se concretó una reunión a la que no fue invitado y en se habría ratificado la entrega del préstamos por parte del Banco de Chile. “Después de este correo nunca más supe de mi colega Andrés Levine (quien lo llamó a participar en el proceso), ni de la gente de Caval, ni de nadie más”, recalcó.
Para el diputado Juan Luis Castro (PS) es preciso que tanto Contreras como el Superintendente profundicen en la razón de por qué tres bancos no dieron el crédito y uno sí; si efectivamente hubo supervisión al crédito que se le otorgó a la empresa Silca, que es la siguiente que aparece en acción al comprar los terrenos a Caval.
“Según los relatos hasta la fecha, (Silca) le propone a Caval una reventa para que así hubiera utilidades progresivas que todos fueran percibiendo con la promesa del cambio de uso de suelo, que era la gran promesa que está detrás de todo este tema y que nunca se concretó”, resaltó.
El legislador dijo que en la Comisión Investigadora están entrando a clarificar de mejor forma los hechos y, al respecto, destacó que se aclaró que Caval no era por su gerente una empresa políticamente expuesta, por cuanto no tenía el grado de consanguineidad o parentesco suficiente para calificar en esa condición.
“Por lo tanto, si se le hace esa categorización significa que hay más cuidado y más prolijidad al momento de dar un crédito. Uuno supone y entiende que una persona políticamente expuesta tiene más restricciones para poder acceder a determinados créditos y yo así interpreto que es lo que se le habría dicho a la gente de Caval al momento de ir a esa reunión””, planteó.
Para la diputada Marcela Sabat (RN), la declaración del abogado Raúl Contreras fue bastante ilustrativa, en tanto que evaluó que la declaración del Superintendente “fue un chiste”, por cuanto estimó que se rió de los chilenos y de la ciudadanía con sus declaraciones. “Le preguntamos que nos dijera por lo menos un ejemplo de otra empresa con las mismas características, sin domicilio, con solo seis millones de patrimonio, personas que no son solventes en ese entonces; si hubiesen podido tener emprendedores, pymes, los mismos seis mil 500 millones de pesos como crédito? Claramente esos ejemplos que le hemos pedido al Superintendente no los tiene y por eso no los puede dar”, sostuvo.
El diputado Felipe Ward (UDI) coincidió en las críticas y afirmó que “esto huele mal” por cuanto considera que, obviamente, este fue un caso en que hubo tráfico de influencias. “Si es el mismo vicepresidente del banco es quien le señaló a la Fiscalía que le recomendó a los dueños de Caval no seguir insistiendo en que eran parientes de la Presidenta, obviamente que tiene un punto… El señor Luksic ha señalado que se ha reunido en más de ocho oportunidades, entiendo que fueron varias oportunidades con la nuera de la Presidenta y en al menos una de esas oportunidades estuvo el hijo de la Presidenta. Basta con la presencia física del hijo de la Presidenta para configurar un tráfico de tráfico de influencias”, insistió.
Dijo que tampoco se ha cuestionado nunca que el Banco de Chile tiene el patrimonio suficiente para prestar el dinero a Caval, como puntualizó el Superintendente, sino que el problema radica en que una empresa que no tenía el patrimonio suficiente para que se le entregara ese crédito finalmente lo obtiene. “Es decir, la única razón por la cual se le entrega esta plata a la empresa Caval es porque se trata de la familia de la Presidenta. No hay ninguna opción para que a una pyme común y corriente se le entregue esa cantidad de dinero”, observó.
