Durante la mañana del sábado la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta el salón Montt Varas acompañada por los ministros de Justicia, Sernam y Salud, para firmar el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto bajo las causales de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, de acuerdo a lo prometido en el Congreso durante el discurso del 21 de mayo de 2014.
Desde 1989 hasta hoy en día ahora el aborto ha sido castigado por la justicia en nuestro país, dejando de lado toda posibilidad de elección para las madres que sufren de problemas severos durante el embarazo o que han sido víctimas de un ataque sexual que derivó en la gestación de un feto. Para revertir esta situación, el Gobierno presentó un proyecto de ley que será enviado al Congreso, y que busca despenalizar el aborto en tres casos específicos.
El primero de ellos es cuando un embarazo pone en riesgo la vida de la madre, y a la vez deja en jaque a los equipos médicos que actualmente no pueden actuar para salvar a las progenitoras debido al impedimento legal de realizar el aborto.
El segundo caso es la inviabilidad del feto, cuando padece alteraciones estructurales congénitas o genéticas incompatibles con la vida intrauterina. “Forzar a una mujer a llevar a termino tal embarazo, o bien obligarla a que espere la muerte del feto, significa prolongar su sufrimiento”, indicó la presidenta Bachelet.
El tercero es la interrupción del embarazo producto de una violación, en el cual se establece un plazo de acción máximo de 12 semanas para mayores de 14 años y 18 semanas para las menores de esta edad.
“En esta situación la mujer o niña resultó embarazada por un acto realizado contra su voluntad, es una agresión brutal de su dignidad. Por ello, no podemos exigir la continuidad de su embarazo si ella no quiere debido a su origen. No reconocer la posibilidad de que ella decida (…) si desea o no continuar con el embarazo, perpetúa la negación de su voluntad y el dolor que se inició con la violación”, dijo la presidenta.
La mandataria explicó que se debe asegurar la protección de los principios que rigen la ley, por lo que si bien se da eficacia a la manifestación de voluntad de las menores de 18 años, se cautela el conocimiento de sus padres y representantes legales.
“Hay que tomar una decisión, y no podemos evitarlo obligando a las mujeres a que carguen solas con las pesadas consecuencias de no poder decidir por causa de una ley. Atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida”, indicó.
Fuente: BioBioChile
